Justicia constitucional 2021

Cerramos un apocalíptico 2020 en medio de un entorno convulso, incierto y desafiante, resultado de la pandemia ocasionada por la enfermedad Covid-19 que tomó por sorpresa a la humanidad y que ha puesto en duda todas nuestras certezas.

En México, al escenario de la pandemia, debemos agregar el profundo y complejo proceso de transformación que venimos experimentando desde el inicio de este milenio, fruto de la evolución social y política que vivimos como país.

Gracias al florecimiento de un régimen más democrático, nuestra sociedad ha alcanzado libertades y espacios que durante décadas se mantuvieran clausurados por las costumbres del poder y la imposición de intereses políticos ajenos a las agendas y necesidades de la población, sobre todo de aquellos grupos históricamente olvidados que han vivido invisibles para el resto de nuestra comunidad.

Pero para seguir adelante con estas conquistas, es indispensable que, en el 2021 los órganos de justicia constitucional en México sigan adelante con el compromiso de ser auténticos defensores de los derechos humanos, pues como explicó en su día JOHN RAWLS, la existencia de una auténtica libertad política y un progreso individual y colectivo, tiene esperanza cuando la justicia constitucional construye un espacio deliberativo sobre lo que es la razón pública.

Para nadie en nuestro país es ajeno que estamos viviendo una etapa marcada por la confrontación permanente de proyectos políticos y visiones sociales muy distintas, lo que si bien, en principio, es deseable para una democracia auténtica, a la larga, si esos conflictos no encuentran salidas en forma de acuerdos, compromisos mutuos y soluciones incluyentes y compartidas, lo que comienza como un ejercicio saludable termina por producir efectos negativos.

En el 2021, al afrontar cada asunto, los órganos de justicia constitucional mexicanos deben tener en mente que, como expresara don Manuel García Pelayo, su función primordial es interpretar la Constitución de manera que protejan la voluntad constituyente expresada en valores y principios, frente a las acciones y voluntades de los poderes y órganos constituidos, pero con un sentido evolutivo y acorde con el contexto social y político que vivimos en la actualidad.

Debemos entender que la fuerza de la Constitución debe hacerse presente a lo largo de toda su vigencia, porque ese es el único camino para afirmar su supremacía, sobre todo, si se tiene consciencia de que la misión de la Norma Suprema no se agota con haber fundado un orden de convivencia política, sino con fundamentarlo permanentemente en cada asunto, con cada resolución.

Todos los procesos de cambio, como el que estamos viviendo en México, generan tensiones y producen conflictos, resistencias y miedos legítimos. En momentos como este, más que nunca requerimos árbitros creíbles, legítimos, imparciales y comprometidos con la democracia sustantiva y los derechos humanos, que resuelvan los conflictos, expliquen sus sentencias y convenzan con sus razones. Ese debe ser el camino de la justicia constitucional en el 2021.