La Decisión Política

En las democracias modernas es muy difícil separar la decisión política de la decisión administrativa. Pero existe. Recordando la insuperable propuesta de Karl Deutsh sobre la primera, la decisión política es aquella que decide todo lo relacionado con bienes públicos. Es aquella que tiene por objeto determinar, de esos bienes colectivos, a quién le toca qué, y cuándo. Es muy importante detenernos aquí, porque esta postura no es obvia ni mucho menos. En primer lugar, no habla de “recursos públicos”, sino de bienes públicos; es decir, no solo abarca dinero del erario, sino todos los bienes materiales e inmateriales que se reparten en una comunidad: está incluida la riqueza, por supuesto, a través de las políticas de concentración o de redistribución que haya en un determinado ámbito de dominación, pero también incluye la salud, la educación, la seguridad y el reconocimiento social. Como no todos esos bienes los reparte la autoridad política, entonces (y aquí ya sin seguir a Deutsch, sino a Migdal), entonces resulta que dentro de la sociedad, tenemos varios actores que hacen política, establecen órdenes paralelos que los individuos siguen con mayor o menor rigor, con la esperanza de recibir algo de todo aquello. Por eso el Estado, pero también la familia, el barrio, el gremio, la escuela, y en general las organizaciones sociales, son capaces de proveer en alguna medida algo de lo que se considera valioso, desde seguridad y honores (de ahí la ansiedad, tan mexicana, por ser licenciado, aunque se viva de otra cosa) hasta oportunidades vitales, mismas que son negadas desde el nacimiento si se pertenece a unos grupos y no a otros.

Por lo antes expuesto, para analizar la actuación de un gobierno, tendríamos que circunscribir la decisión política a la que se toma desde el poder público como creador o ejecutor de las normas jurídicas, y sobre todo utilizando el margen de discrecionalidad que permite la ley, y que en ocasiones es amplísimo, para que la autoridad actúe por razones de oportunidad, de conveniencia, de prudencia; en fin, criterios que no son ilegales pero no se cumplen ajustándose automáticamente a lo prescrito por una norma. Aunque a muchos les espanta la discrecionalidad, porque la ven muy semejante a la arbitrariedad, esto no es correcto. La política, precisamente porque se ocupa de la decisión, implica lidiar con la contingencia, la incertidumbre y la apuesta por generar realidades que ni produce la aplicación robótica de la ley (que en esto consistiría, finalmente, la decisión administrativa), ni se pueden garantizar plenamente debido a que se actúa sobre sistemas complejos, donde ni todas las consecuencias son deseables y ni siquiera previsibles. De entrada, una decisión del Estado provoca reacciones en los gobernados en lo individual, pero también en los otros grupos que coexisten en la sociedad y tienen sus propias reglas. Por ejemplo, en México la familia tiene un peso tal, que los lazos familiares han logrado aplastar cualquier iniciativa gubernamental para cambiar la confianza y cercanía por una meritocracia impersonal, por ejemplo a través de exámenes de oposición, como criterio de nombramiento de funcionarios públicos, a todos los niveles. He reiterado la necesidad de desarrollar ideas para sistematizar una teoría del Estado propiamente mexicana. Y este rasgo cultural es tan bueno como cualquier otro para comenzar.