En materia laboral, nuestro querido país se encuentra inmerso en un contexto internacional de cambios y obligaciones que ha asumido, como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Así como, entre otras, las diversas disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo. Por otro lado, en el ámbito interno, también existen diversos cambios normativos, por ejemplo, las del ámbito de impartición de justicia que caminan hacia una nueva justicia laboral.
Ante estos cambios y obligaciones, vale la pena mirar qué está pasando en nuestro país sobre la ocupación y empleo, que es la materia prima de esta regulación.
En este sentido, el día de ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI] publicó un comunicado de prensa que da cuenta de los resultados de su «Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición» [ENOE] del cuarto trimestre de 2022.
Vale la pena destacar que ofrece las estimaciones para cuatro tamaños de localidad a nivel internacional, de las 32 entidades federativas, así como de 39 ciudades autorrepresentadas de interés.
Según esta encuesta, en nuestro país, se distribuye la población en edad de trabajar de la siguiente manera: dentro de la población de 15 años y más, tenemos a 99.5 millones de personas; ésta se divide en dos, la Población Económicamente Activa [PEA], con 60.4 millones, que es un 60.4%, y la Población No Económicamente Activa [PNEA], con 39.4. millones, que es un 39.6%.
Respecto del sector de actividad, señala el INEGI que el comercio agrupó al 19.4 % de la población ocupada. La industria manufacturera, concentró el 16.4%. Los servicios diversos, alcanzaron 10.1% de la población ocupada. Los restaurantes y servicios de alojamiento concentraron 7.9% de las y los ocupados. En los servicios profesionales, financieros y corporativos, el 7.8% de las personas ocupadas.
Finalmente, podemos destacar que para el INEGI, si se ve a la población ocupada en función de la posición que guarda dentro de su trabajo, las y los trabajadores subordinados y remunerados agruparon más de dos terceras partes del total, o sea un 68.2 %, lo que equivale a 39.8 millones de personas. Por otro lado, 13.2 millones (22.6 %) trabajaron por su cuenta y sin emplear personal pagado. Tres millones (5.1%) fueron propietarias o propietarios de los bienes de producción con personal a su cargo y 2.4 millones (4.2 %) no recibieron remuneración.
Ante esto, vale la pena considerar las condiciones fácticas de esta población, para que el marco legal represente sus condiciones, así como sus necesidades y puedan desarrollarse tanto como en lo individual como de forma colectiva.