En el lejano 2022, el PRI de San Lázaro, en voz de su coordinador, Rubén Moreira, presentó una propuesta de reforma electoral. Contiene elementos relevantes que bien se podrían aprovechar para la discusión parlamentaria de febrero próximo. Aquí los puntos básicos:
Sistema Nacional de Protección Electoral para presentar combate frontal a la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales, que estaría dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con un consejo integrado por el Gabinete de Seguridad, autoridades fiscales, FGR, INE y las y los gobernadores. Además, los partidos y autoridades quedarían obligados a revisar antecedentes financieros y penales de precandidatos, candidatos, familiares, equipos de campaña, directivos de los partidos, entre otras medidas innovadoras.
Reducir la Cámara de Diputados y Diputadas a 300 miembros: 150 diputaciones de mayoría relativa y 150 de representación proporcional, limitando la sobrerrepresentación. Por cierto, si se redujeran los distritos, se reducirían las juntas distritales del INE, que implicaría ahorros sensibles.
Nombramiento de consejerías electorales del INE: sustituir la elección final que realiza la Cámara por un método de insaculación (permanente y no contingente), de entre aspirantes ya en las quintetas propuestas por el Comité Evaluador. Cerrar los OPLES y establecer una fórmula de cálculo fijo del presupuesto del INE y del Tribunal Electoral; una especie de mínimo vital inamovible por la Cámara de Diputados y Diputadas.
Transitar al voto electrónico en modalidad de urna electrónica, asegurando las condiciones de voto en el lugar establecido por las secciones electorales.
Habría segunda vuelta presidencial; se aplicaría a las candidaturas que no logren el 50% de los votos, aumentando la competitividad y generando la posibilidad de coaliciones para la segunda elección.
Fortalecer la autonomía y la eficiencia de la justicia electoral; cerrar los tribunales locales y que el nombramiento de magistraturas sea por insaculación ante la Suprema Corte.
Crear la figura de Vicepresidencia de la República y sumarla a la candidatura presidencial. Se pretende que utilice su cargo para llevar la política interior y asista al Senado de la República, en un esquema que parece muy similar al del presidencialismo norteamericano. La idea sería, dice el PRI, separar la jefatura de Estado de la de Gobierno.
Contar con mayor libertad de expresión durante las campañas electorales. “Queremos eliminar restricciones que excedan a las originales de la libertad de expresión, como pueden ser ataques a la moral, a la vida privada, a derechos de terceros que provoquen delitos o que perturben el orden público.” Se le transferiría al Tribunal Electoral la autoridad completa en materia de libertad de expresión electoral, incluyendo, para bien, las medidas cautelares hoy al cargo del INE.
Reducir anualmente en 10% el financiamiento público a los partidos políticos hasta llegar a 30% y ampliar en la misma proporción el financiamiento ciudadano.
@ElConsultor2
gsergioj@gmail.com