La atención a la infancia

La protección y el bienestar de niñas, niños y adolescentes (NNA) son responsabilidades cruciales del Estado mexicano, establecidas en la Constitución. A pesar de los compromisos adquiridos y las leyes promulgadas, la realidad muestra un panorama lleno de desafíos y brechas significativas que deberá atender la siguiente administración federal que encabezará Claudia Sheinbaum Pardo.

Desde 2012, el gobierno federal ha intentado estructurar su presupuesto para atender las necesidades de los NNA, introduciendo el Anexo 24 y posteriormente el Anexo 18 en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Estos anexos buscan asignar recursos específicos para garantizar los derechos de la infancia y adolescencia. Sin embargo, la eficacia de estos esfuerzos es cuestionable.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 2014 fue un avance significativo, reconociendo a los NNA como titulares de derechos y estableciendo la necesidad de garantizar su pleno ejercicio. A pesar de ello, los recursos asignados a través del PEF no siempre se traducen en acciones efectivas.

Uno de los principales problemas es la distribución desigual de los recursos. A nivel de ramo, las aportaciones federales representan el 71.6% de la previsión presupuestaria del Anexo 18, pero estos fondos no siempre se utilizan de manera óptima. Por ejemplo, el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone) recibe una asignación considerable, pero los beneficios directos para los NNA son limitados.

Además, la integración de los principios rectores en el artículo 41, fracción V, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en 2014, fue un intento de asegurar que las previsiones de gasto para la atención de NNA estuvieran incluidas en el proyecto de presupuesto.

A pesar de los compromisos internacionales, como la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, y las reformas constitucionales de 2011, los avances son lentos y desiguales. La reforma estableció la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, incluyendo los de los NNA. Sin embargo, la asignación de recursos adecuados y la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno siguen siendo desafíos importantes, que deberá atender Mario Delgado Carrillo como siguiente titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Pronapinna), integrado en el Plan Nacional de Desarrollo, se creó para definir políticas y estrategias prioritarias en la protección de los derechos de los NNA. A pesar de ello, la coordinación y la implementación efectiva de estas políticas siguen siendo un reto.

La aprobación del PEF 2024, con previsiones de gasto para el Anexo 18 por 979,246.3 millones de pesos, ha sido un paso en la dirección correcta. Sin embargo, la eficacia de estos recursos depende de su correcta distribución y uso. Los programas deben ser evaluados y ajustados para asegurar que realmente beneficien a los NNA.

Así, la atención a la infancia en México requiere un compromiso real y sostenido por parte del Estado. Las leyes y los presupuestos son fundamentales, pero deben ir acompañados de una implementación efectiva y una supervisión constante que Claudia Sheinbaum Pardo tiene presente.

*Periodista | @JoseVictor_Rdz

Premio Nacional de Derechos Humanos 2017