El 18 de diciembre de 2019, uno de los bares representativos de la Condesa, conocido como El Caradura cerró por un adeudo en la renta que ascendía a 2 millones de pesos; la administración desocupó las instalaciones y tomó la decisión de sellar la entrada del establecimiento. Esa es la versión oficial que han dado las autoridades del Gobierno capitalino.
No obstante, otras versiones argumentaron que desde 2018, este establecimiento pagaba “derecho de piso”, no alcanzaron los recursos y finalmente, sus inversionistas optaron por cerrar.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo que, hasta el momento, no se ha recibido ninguna denuncia por extorsión o cobro de piso.
“En el caso del cierre del bar no hemos tenido contacto con ese bar específicamente o con nadie de ese bar”, expuso ayer el encargado de la seguridad de los capitalinos.
Mientras que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se comprometió a realizar un informe detallado para determinar las causas del cierre del bar; pero, sobre todo, que sea la todavía procuradora Ernestina Godoy quien ofrezca datos oportunos.
Los encargados de los locales de moda, en ese lugar, revelaron que ahora llegan delincuentes y por la fuerza los obligan a que se permita la venta de drogas al menudeo en los baños de los antros, al tiempo que otros, pagan de entre 20 y 30 mil pesos mensuales para evitar que sus negocios sean “incendiados” por ellos o que, en el último de los casos, amedrenten a sus clientes.
Este caso no es aislado, cifras de la Procuraduría capitalina detallan que, durante el año pasado, ese delito registró un incremento de hasta 25 por ciento, en un comparativo con 2018.
Aunque las autoridades adjudican el aumento a que hay más denuncias por la confianza que ha generado la actual administración, la realidad es que los pequeños grupos o mafias delincuenciales han perfeccionado ese negocio ilícito en los restaurantes y bares del corredor Roma-Condesa.
VENTANAL
Desde ayer, la Central de Abasto será la zona de la capital más densamente vigilada por las cámaras de videovigilancia del C-5, ya que fueron instalados 636 aparatos con alta tecnología, rotación 360 grados, lectura de placas, en resolución 4K y con reconocimiento facial, ligadas al sistema de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, así como 100 botones de emergencia en distintas zonas del centro de abasto.
La justificación, a diario concurren 500 mil personas a sus naves comerciales, con base en datos oficiales se han abierto más de 900 carpetas de investigación, solo por el delito de robo, uno de sus principales flagelos. La inversión económica fue de 230 millones de pesos, ahora, solo falta ver los resultados que se tienen.