La defensa del derecho a desempeñar un cargo público

Columnas lunes 20 de junio de 2022 -

Hace unos días presenté, a título personal, ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía contra el Decreto de Reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, para disminuir cinco áreas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

A pesar de que el IECM goza constitucionalmente de autonomía de funcionamiento y la capacidad de determinar su organización interna, el decreto aprobado por el Congreso local, suprime cinco unidades técnicas esenciales que formaban parte de la estructura de este Instituto Electoral, y la atribución del Consejo General, para crear nuevas unidades, con lo que se ve disminuida la capacidad de operación del Instituto.

Esta disminución no es menor ya que al eliminar, áreas tan importantes como la Unidad de Género y Derechos Humanos, limitan nuestro campo de acción en el empoderamiento de las mujeres y la erradicación de la violencia política de género. Otra área afectada fue la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización cuya función era fiscalizar a sujetos obligados en la Ciudad de México.

Con esta reforma, además de afectar a la ciudadanía, se atenta directamente al pleno ejercicio del cargo que se me asignó como Consejero Electoral, ya que limita las herramientas jurídicas y prácticas que son necesarias para cumplir cabalmente las obligaciones constitucionales que tengo en términos de fiscalización o para la organización de un proceso electoral transparente.

Existe una vulneración a la autonomía del Instituto Electoral en su vertiente de gestión, ya que con la reforma, se invade una función que corresponde al propio instituto de organizarse al interior, además de pretender ordenar la forma en que el Instituto Electoral debe gastar su presupuesto, mediante la prohibición y limitación de la estructura orgánica.

Cabe señalar que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México el 15 de junio pasado, se pronunció a favor del Instituto Electoral, al resolver un juicio en el que se ordena a la Jefatura de Gobierno, Secretaría de Administración y Finanzas y al Congreso local, entregar puntualmente al Instituto Electoral, las partidas presupuestales que fueron aprobadas a su favor en el Presupuesto de Egresos 2022. Las y los magistrados locales, determinaron que ni la Secretaría de Finanzas ni la Jefatura de Gobierno, tienen atribuciones para modificar el presupuesto que el IECM solicitó en su calidad de organismo constitucional autónomo y que el Congreso capitalino vulneró la Constitución local al disminuir su presupuesto.

Mientras esto sucede, continuaremos construyendo consensos, respetando las leyes y en contra de la ilegalidad y arbitrariedad de quien atente contra la democracia capitalina.