La desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial Federal

El pasado 18 de octubre, el Senado de la República aprobó la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial Federal (PJF). Esta decisión, impulsada por el gobierno federal, ha sido criticada por diversos sectores, entre ellos los trabajadores del PJF, quienes consideran que representa una violación a sus derechos laborales.

Los fideicomisos del PJF tienen una función fundamental en la operación de este poder del Estado. Están destinados a cubrir diversas necesidades, como la capacitación, el desarrollo profesional, la salud y la vivienda de los trabajadores, así como la implementación de proyectos de justicia.

La desaparición de estos fideicomisos pone en riesgo el cumplimiento de estas obligaciones. Según los trabajadores del PJF, la desaparición de los fideicomisos podría provocar recortes en sus salarios, prestaciones y pensiones. Además, podría dificultar la implementación de reformas en materia penal, civil y laboral.

La decisión del gobierno federal de desaparecer los fideicomisos del PJF puede resultar en un claro ataque a los derechos laborales de los empleados de este poder federal. Sería una decisión arbitraria y violatoria de la Constitución, la cual, reconoce el derecho de los trabajadores a un trabajo digno y remunerado; además de que es un retroceso en materia de justicia social y un ataque a la democracia.

El poder ejecutivo ha justificado la desaparición de los fideicomisos como una medida de austeridad. Sin embargo, esta medida está siendo tomada más por cuestiones políticas que legales, ya que los fideicomisos estaban debidamente autorizados por la ley y estaban destinados a financiar prestaciones y servicios esenciales para los trabajadores del Poder Judicial.

Así, desde un punto de vista legal, la desaparición de los fideicomisos podría ser inconstitucional, ya que estos están creados con apego al marco jurídico vigente. Desde un punto de vista práctico, la desaparición de los fideicomisos podría afectar negativamente a la impartición de justicia, ya que estos recursos eran utilizados para financiar proyectos y actividades que son esenciales para el funcionamiento del Poder Judicial Federal.

A nivel internacional, la mayoría de los analistas coinciden en que la medida es un ataque a la independencia del Poder Judicial y a la separación de poderes.

El Comité de Expertos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la Independencia del Poder Judicial, por ejemplo, expresó su "profunda preocupación" por la medida. El comité señaló que la desaparición de los fideicomisos "afectará negativamente la autonomía y la independencia del Poder Judicial".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también expresó su preocupación por la medida. La CIDH señaló que la desaparición de los fideicomisos "podría afectar la capacidad del Poder Judicial para cumplir con sus funciones de manera independiente e imparcial".

Como se puede observar, es una decisión muy complicada de tomar, sin embargo, no hay que olvidar que está siendo tomada por representantes directos del pueblo, es decir por el Presidente del Ejecutivo y por los legisladores que llegaron a esos espacios públicos a través del voto directo. Así que, si a la sociedad mexicana no nos gusta como operan nuestros representantes, ya viene el 2024 en donde podremos optar por otra opción política que piense como lo requiere el pueblo. ¡Que hable la voluntad popular!