La excusa de Covid-19

Si de forma cotidiana la encomienda de organismos internacionales de derechos humanos y las batallas emprendidas por organizaciones de la sociedad civil para lograr proteger a la persona humana enfrentan numerosos obstáculos para hacer de los derechos humanos una realidad, es preocupante que en este año de contingencia se hayan potenciado los retos habituales y hayan surgido retos adicionales, algunos derivados de la emergencia sanitaria por Covid-19 y otros que en realidad atienden a falacias autoritarias.

Tomando como base los casos de México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, podemos observar que únicamente se ha archivado un caso por cumplimiento de sentencia (Castañeda Gutman) y se encuentran en estudio de cumplimiento nueve. A pesar del cumplimiento parcial en algunos casos en materia de capacitación y en términos de indemnización por daño material e inmaterial -reconociendo avances legales significativos y la modificación de procedimientos de actuación durante este esfuerzo-, desafortunadamente en ningún caso podemos observar cumplidas las obligaciones internacionales del componente de justicia a la luz de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

Paralelamente, es preocupante la situación en la región. Países como Perú y Colombia cuentan con 45 y 22 casos en etapa de supervisión de sentencia y únicamente han sido archivados por cumplimiento 3 y 1, respectivamente. Aunque dicho conteo no puede capturar la totalidad del fenómeno, ya que habría que analizar la situación de acceso a la justicia y nivel de activismo en cada país en concreto, se puede advertir, por lo menos, que existen grandes dificultades para implementar a cabalidad las sentencias del Tribunal Interamericano. Además, recordemos que para que un caso llegue a dichas instancias, se han tenido que agotar todos los procedimientos internos -con las excepciones que prevé el art. 46 de la CADH-, por lo que el mero transcurso del tiempo entorpece aun más la materialización de la justicia.

A lo anterior, pues, se suman las complicaciones institucionales y presupuestarias derivadas de la pandemia. Los retrasos crecientes en los aparatos de justicia, la falta de medidas tecnológicas que permitan continuar con las labores cotidianas de manera virtual y la falta de liderazgo de los gobernantes para decretar programas efectivos de emergencia con perspectiva de género y derechos humanos, han zanjado un panorama aciago para los derechos humanos en la región. Es inadmisible que en México se haya desaparecido el Fondo de Reparación para Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos bajo la quimera de “enfrentar las secuelas del Covid-19”. También es inaceptable que a la fecha no se hayan otorgado beneficios de liberación anticipada en centros de reclusión, ni medidas cautelares para proteger población en situación de vulnerabilidad en centros médicos, estaciones migratorias y comunidades indígenas. Requerimos más acciones y menos excusas.