La extorsión telefónica en México, retrato de la crisis social y legal del país

Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora del STUNAM

Basta solamente con hojear las páginas de los diarios, atisbar las noticias de los noticieros de radio y televisión o incursionar en las redes sociales, para percibir lo descomunal y aterrorizante de las extorsiones telefónicas, que han afectado diariamente a millones de personas a lo largo y ancho del país. No, no se trata de un invento periodístico para poner en entredicho las cuentas alegres del gobierno en materia de seguridad, sino de una realidad abrumadora que desde hace más de una década se ha convertido en una epidemia, afectando a ciudadanos y empresas, erosionando la confianza en las instituciones de seguridad y revelando vulnerabilidades críticas en la sociedad.

Reflejando esta alarmante situación, un informe del diario español El País, basado en datos de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), indica que más de 3 mil 400 personas fueron víctimas de extorsión sólo en los primeros cuatro meses de este año, lo que equivale a más de una víctima por hora. Esta situación se agrava al considerar que, durante la actual administración se ha registrado un aumento del 48 por ciento en las investigaciones en comparación con el gobierno anterior, un récord sin precedentes que resalta la magnitud del problema que afecta no solo a individuos, sino también a empresas. En relación a las empresas, el 72 por ciento de los casos reportados corresponden a extorsiones telefónicas, demostrando la prevalencia de este método y su impacto en el entorno empresarial mexicano. Este ilícito ha mostrado un incremento significativo a lo largo de los años.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2013 se registraron 8 mil 042 denuncias legales de extorsión, un aumento del 10.59 por ciento en comparación con 2012. Este aumento es parte de una tendencia más amplia observada desde 1997, con fluctuaciones y un crecimiento notable en 2008, 2011 y 2012. Descrita como “un delito invisible”, se puede cometer sin gran infraestructura y a menudo se asocia con otras conductas delictivas. Las modalidades de extorsión incluyen amenazas telefónicas y engaños, lo cual afecta la tranquilidad y seguridad de la sociedad. Las pequeñas y medianas empresas han sido particularmente vulnerables, representando un riesgo significativo para la economía local. Por ejemplo, tan sólo de enero de 2020 a febrero de 2021, el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México reportó más de 34 mil incidentes registrados; durante la pandemia de COVID-19, se contabilizó un aumento drástico en este tipo de ilícitos –que varían desde amenazas de supuestos miembros del crimen organizado, hasta secuestros virtuales y sextorsión–, que generaron millones en pérdidas económicas. El 94 por ciento de los casos reportados son igualmente telefónicos y la alcaldía Cuauhtémoc se destaca como el epicentro de este delito, la cual registra una tasa de 273 reportes por cada 100 mil habitantes, seguida de Benito Juárez con 241 y Miguel Hidalgo con 221.

Un punto a considerar, es el hecho de que las cárceles mexicanas se han convertido en centros neurálgicos para la organización de redes de extorsión, evidenciando fallas significativas en el sistema penitenciario. El periódico El Universal añade una dimensión aún más perturbadora al revelar este mismo dato, indicando que las cárceles también se han convertido en epicentros de extorsión telefónica. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) detectó 90 mil llamadas de extorsión en solo tres penales, un claro indicio de la magnitud del problema. Esta problemática pone de manifiesto fallas críticas en el sistema penitenciario del país, donde a pesar de los esfuerzos por controlarlos, el uso de celulares por parte de los reclusos para actividades delictivas continúa en aumento. Ante esta ola creciente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha emitido advertencias y recomendaciones, destacando la importancia de la prevención y la comunicación como herramientas clave.

Evidentemente se trata de un fenómeno complejo con múltiples dimensiones, incluyendo su evolución, metodología, impacto psicológico y económico, así como las respuestas gubernamentales. Sus efectos generan traumas psicológicos profundos y duraderos en las víctimas. Según un reporte de InSight Crime (www.insightcrime.org) –una fundación dedicada al estudio del crimen organizado en América Latina y el Caribe–, las extorsiones han llevado a las víctimas a vivir con inseguridad, miedo y a necesitar un círculo de apoyo para retomar sus actividades cotidianas sin temor. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) de 2022 reportó 4.9 millones de delitos de extorsión en 2021, lo que representa una tasa de 5 mil 375 extorsiones por cada 100 mil habitantes. La extorsión ha evolucionado de una operación marginal a una práctica sofisticada, aprovechando vulnerabilidades tecnológicas y sociales para perpetrar sus crímenes. Aunque la tecnología ha facilitado la proliferación de la extorsión telefónica, también ofrece herramientas para combatirla, incluyendo el monitoreo de llamadas y análisis de datos.

En respuesta a este creciente problema, el gobierno federal ha implementado campañas de prevención. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el número de extorsiones denunciadas ha seguido aumentando, indicando la necesidad de estrategias más eficaces y medidas de combate contra este crimen que también cruza fronteras internacionales. El Departamento de Policía de Los Ángeles reconoció ya que se enfrenta a un alarmante aumento en las denuncias de extorsiones telefónicas. Bandas delictivas, operando principalmente desde México, exigen rescates elevados por supuestos secuestros de familiares, amenazas que a menudo alcanzan los 15 mil dólares y se centran principalmente en familias latinas, manipulando su vulnerabilidad y miedo.

Las autoridades están intensificando las investigaciones, conscientes de que estas llamadas son un engaño cruel, pero muchas víctimas, en su desesperación, caen en la trampa y pagan sumas considerables. Los hechos revelan la gravedad del problema de la extorsión telefónica en México y subrayan la necesidad de un enfoque multidimensional para abordar efectivamente este delito y sus diversas implicaciones. Ya sabemos que la respuesta legal y política frente a la extorsión telefónica ha sido insuficiente, requiriendo una revisión exhaustiva del marco legal para abordar efectivamente este delito, pero las empresas de telecomunicaciones tienen un papel crucial en la identificación y bloqueo de las comunicaciones de extorsión. Los expertos en seguridad sugieren un enfoque integrado. Hay que ser realistas y comprender la psicología del extorsionador, lo cual es esencial para desarrollar estrategias de prevención y respuesta más eficaces. Las víctimas y quienes podrían serlo deben estar informadas sobre estrategias de respuesta, como finalizar la llamada de inmediato y evitar proporcionar información personal.

Fomentar la denuncia de estos delitos es crucial para que las autoridades puedan entender mejor la magnitud del problema y desarrollar estrategias más eficaces. Además, dada su naturaleza transfronteriza –porque del lado estadounidense o centroamericano también se realizan este tipo de llamadas hacia potenciales víctimas en nuestro país–, demanda una respuesta global coordinada, incluyendo el intercambio de inteligencia y estrategias entre países. Sin embargo, hay que decirlo abiertamente: la extorsión telefónica en México no es solo un crimen aislado; es un síntoma de una crisis más profunda de impunidad y corrupción

Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora del STUNAM