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La famosa consulta / II

La famosa consulta / II

Columnas viernes 25 de septiembre de 2020 - 00:52


El ministro Luis María Aguilar Morales, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha presentado su proyecto de resolución a la propuesta de consulta que envió el Senado de la República, a propuesta de Andrés Manuel López Obrador, con el fin de preguntarle al electorado si cinco expresidentes de la República deben o no ser investigados.
El proyecto de Aguilar Morales se decanta por determinar que la consulta es contraria a la Constitución, al fraguarse una abierta restricción a los derechos humanos de los cinco personajes que podrían ser eventualmente juzgados y condenados.
No estoy de acuerdo con lo que propone el ministro de la Suprema Corte, porque me parece que el documento no enfoca correctamente el contexto convencional, constitucional y legal en el que la viabilidad de la consulta propuesta debe evaluarse.
La pregunta fundamental, desde mi punto de vista, es la siguiente: ¿tienen los expresidentes de la República el mismo derecho que el resto de las personas a no ser investigadas, juzgadas o sancionadas con motivo del ejercicio de su encargo? La respuesta es evidente: no. Ninguna persona, excepto los expresidentes de la República están obligados a rendir cuentas de lo que hicieron al dirigir los destinos del país por seis años. Se trata de personas que, al haber estado a cargo de las mayores responsabilidades públicas, son por eso excepcionales. Deben responder por su responsabilidad en la comisión de actos que millones y millones de mexicanas y mexicanos jamás realizamos, pero cuyos efectos sí resentimos. Se trata de cinco personas que tuvieron un poder inmenso y se regodearon, siempre para mal, en el ejercicio ilimitado del mismo.
Tal como en días recientes lo ha sostenido Jaime Cárdenas Gracia, al renunciar al llamado Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), el que el régimen presidencial otorgue tanto poder, ejercido verticalmente, a una sola persona, genera un problema profundo para el país. Me atrevo a adjetivarlo: se trata de la vulneración de la integridad en los asuntos públicos.
En verdad, parece demencial que, un país de alrededor de 130 millones de personas sea dirigido por la voluntad de una sola, de acuerdo con un modelo constitucional cuyas desventajas no son privativas de México y que se han hecho patentes incluso en el país más poderoso de la tierra en estos días: el modelo presidencialista de Estados Unidos parece que hace agua al evidenciar su disfuncionalidad en un mundo muy diferente al de finales del siglo XVIII, sobre todo de cara a la vital elección presidencial del 3 de noviembre próximo.
Los presidentes de México, a pesar de no ser electos por todas las personas que votan, sino por una fracción de ellas, se convierten de todas maneras y por la tradición inercial de la cultura nacional, en dueños y señores de todo el poder político, económico y armado en el país. Y nunca pueden ser molestados ni con el pétalo de una consulta pública. Me parece imprescindible que, para la viabilidad futura de la Nación, al menos den cuenta de la forma en la que, en su momento, ejercieron su cargo. Durante seis años son omnipotentes, pero no infalibles, tal como la realidad histórica relatable a partir de sus errores lo demuestra. Si alguien tuviera dudas, sólo basta pensar que, al paso de los años, hemos podido comprobar que lo que hicieron, casi siempre a su antojo, abusando de alguna u otra manera, estuvo casi siempre mal. Sólo el ejercicio abusivo del poder presidencial explica de cuerpo entero el desarrollo y brioso galope de la impunidad que reina sobre nosotros, por lo que llamarlos a cuentas es apenas una parte básica de la receta remedial que nuestros males exigen.
Las y los presidentes de la República deben rendir cuentas ante la justicia y no veo razones para pensar que preguntar a la población al respecto, conculca los derechos de quienes, por seis años, no fueron iguales al resto. Preguntar no necesariamente es prejuzgar, pero si es indispensable para que las personas, las mal llamadas gobernadas en las altas esferas de la Judicatura, encontremos al menos una manera de expresar nuestro juicio sobre los abusos y saqueos que hemos sufrido. Preguntar al electorado es, además, desde mi punto de vista, un mecanismo de reparación para combatir la corrupción y la impunidad, que nadie como los expresidentes de la República tuvieron a su cargo impedir. Abrirle la puerta a ese desahogo sentaría un fantástico precedente para que aquellas personas que ocupan y ocupen ese cargo en el futuro, puedan ser sujetas al juicio de la Nación.
Realmente la única ruta que veo plausible para que una y varios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no voten a favor de la consulta, es que ocho de entre las y los integrantes del tribunal, declaren su impedimento por haber sido nominados a ocupar su cargo por alguno o algunos de los cinco expresidentes. Es cuestión de días para saber qué ocurre.

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/CR

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