La gentrificación y el derecho a la ciudad

Columnas miércoles 09 de julio de 2025 -

El debate sobre la gentrificación en la Ciudad de México, avivado por voces ciudadanas, académicas y medios de comunicación, ha puesto en evidencia una realidad largamente ignorada: el modelo de desarrollo urbano de la capital es profundamente excluyente. Se ha discutido, con razón, cómo ciertas zonas, como la Roma, la Condesa o el Centro Histórico, han sido reconfiguradas para responder a lógicas mercantilizadas del espacio, desplazando a población originaria y encareciendo la vida cotidiana. Sin embargo, sería un error pensar que este es el principal problema urbano.

El derecho a la Ciudad, reconocido en la Constitución Política de la Ciudad, no se reduce al acceso a un espacio físico, sino que implica condiciones de vida digna, inclusión, seguridad, participación y reapropiación del territorio. Significa garantizar la movilidad, el acceso a servicios básicos, a la vivienda adecuada, a la infraestructura social, al espacio público, al disfrute del patrimonio cultural y al acceso a un medio ambiente sano y equilibrado. Y en esto, lamentablemente, la capital del país está muy lejos de cumplir sus propios mandatos constitucionales y legales.

Vale la pena recordar que, desde 1997, la ciudad ha sido gobernada de forma ininterrumpida por partidos de izquierda. Desde entonces y hasta ahora, la narrativa dominante ha sido la de un gobierno comprometido con las causas populares, con una visión progresista, feminista, verde y socialmente avanzada. Sin embargo, a más de 25 años de esa continuidad, los resultados muestran la ausencia de un proceso sostenido y coherente de planeación y desarrollo urbanointegral e incluyente.

Los rezagos en infraestructura social siguen siendo dramáticos en buena parte del oriente, del sur y del norte de la ciudad. La política de vivienda ha favorecido la especulación y no la garantía del derecho a habitar. La creación de parques, espacios comunitarios y zonas verdes ha sido mínima, y cuando existen, no necesariamente responden a las necesidades de la población local. El deterioro ambiental en zonas como Xochimilco, Tláhuac o Gustavo A. Madero, y la privatización de los servicios urbanos en muchas colonias populares, son ejemplos de una gobernanza urbana que ha fallado en poner a las personas en el centro de las decisiones.

Más aún, se ha permitido que el capital financiero y las plataformas de renta de corta estancia se apropien del espacio urbano, profundizando las desigualdades y debilitando los vínculos comunitarios. En vez de proteger el capital cultural y ecológico, se ha permitido que se degrade o se mercantilice.

El debate que se impone ahora no es solo sobre la gentrificación, sino sobre cómo construir espacios urbanos habitables en todo el país. Se trata de diseñar territorios que no sean hostiles para sus habitantes, que promuevan la convivencia y la tolerancia, que pongan el cuidado de la vida al centro. La clave está en repensar la competitividad territorial no como una lógica de mercado, sino como la capacidad de un territorio para garantizar, de manera sostenible, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de su población.