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La implementación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos: del laberinto a la claridad

La implementación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos: del laberinto a la claridad

Columnas lunes 17 de noviembre de 2025 -

Durante décadas, los ciudadanos mexicanos han vivido atrapados en un entramado de trámites que parecían diseñados más para disuadir que para servir. Ventanillas múltiples, formatos interminables, sellos redundantes y plazos inciertos conformaron una cultura de la burocracia que desgastó la confianza en las instituciones. En ese contexto, la reciente Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos representa un intento ambicioso de transformar no solo los procedimientos administrativos, sino también la relación entre el Estado y la sociedad.



Su objetivo central es claro: simplificar, digitalizar y transparentar la interacción entre la ciudadanía y la administración pública. No se trata únicamente de acortar pasos o reducir requisitos, sino de reconocer que la eficiencia también es una forma de justicia. Cada trámite innecesario vulnera el tiempo de las personas, y el tiempo —como la libertad— es un recurso no renovable. Al eliminar la repetición de documentos, promover la interoperabilidad de datos y obligar a las dependencias a justificar la existencia de cada requisito, la ley busca devolver al ciudadano el lugar que nunca debió perder: el de ser el centro del servicio público.



No obstante, su implementación exige mucho más que voluntad política. Implica un cambio cultural profundo en el interior de las instituciones. La burocracia mexicana no solo es un sistema de normas, sino también una mentalidad forjada por la desconfianza y el control excesivo. La verdadera modernización administrativa no proviene de los decretos, sino de la conciencia de los servidores públicos de que gobernar es servir y de que cada trámite suprimido o simplificado es una conquista de dignidad social.



La ley, por tanto, no debe entenderse como un fin, sino como un proceso de aprendizaje institucional. En su cumplimiento se pondrá a prueba la capacidad del Estado mexicano para hacer coherente su discurso de modernización con su práctica cotidiana. La ciudadanía, por su parte, deberá asumir un rol activo, vigilante y participativo, exigiendo que la simplificación no se convierta en un pretexto para la opacidad, sino en una vía hacia la transparencia y la corresponsabilidad.



En un país donde la burocracia ha sido sinónimo de inmovilidad, esta ley ofrece una oportunidad de redención administrativa: pasar del laberinto a la claridad, del trámite como obstáculo al trámite como puente.



Flor de Loto: La sencillez no es ausencia de forma, sino presencia de sentido.

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/CR

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