Mucho se ha dicho del valor que tiene la información, pues su correcta gestión puede monetizarse o convertirla en un instrumento capaz de desestabilizar el entorno político de una nación.
En un mundo globalizado como el nuestro, en el que la información se transfiere, se almacena, se protege y se vulnera de maneras sofisticadas, se constituye en un activo económico y estratégico para cualquier organización o dependencia.
Y eso quedó de manifiesto ante el revuelo que ha causado la noticia de que, desde el pasado primero de abril, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se encuentre sin poder sesionar por falta de comisionados ciudadanos.
Y este hecho tienen como consecuencia entre muchas otras, que los ciudadanos no tengan la oportunidad de consultar información pública, pero lo que es más importante, es el retroceso en materia de prerrogativas, pues el derecho a la información pública es un derecho humano establecido expresamente en el artículo 6to. de nuestra constitución.
Cuando hablamos de información pública, generalmente se vincula al ejercicio del gasto público, y esto a su vez con las adquisiciones. Identificar con precisión cómo gasta el dinero de los ciudadanos el gobierno, es del máximo interés público.
Hace algunos meses la plataforma gubernamental en la cual se concentran los procesos y la información relacionada con las compras gubernamentales Compranet, estuvo temporalmente suspendida por espacio de casi dos semanas debido a fallas técnicas, lo cual impidió el registro y la vigilancia del ejercicio de recursos públicos cuantiosos.
Para aquellos quienes nos desempeñamos en áreas de adquisiciones, sabemos que hacer transparente la información en el proceso de compra, promueve la competencia y la equidad entre proveedores, así como conseguir mejores condiciones de compra.
De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. tan solo en 2021, las instituciones adjudicaron 173 mil 505 contratos por un monto de 473 mil 391 millones de pesos, con un estimado de 470 compras diarias, lo que representa un volumen mayúsculo de información en materia de compras públicas que debe fiscalizarse.
No olvidemos que a través de estos medios salieron a la luz escándalos de corrupción como fue el caso de las toallas adquiridas por la Presidencia de la República en el sexenio de Vicente Fox, o el gasto de despensa de la actual administración.
La experiencia ha demostrado la gran área de oportunidad para prácticas de corrupción que representan las adquisiciones públicas, las cuales se traducen en el pago de mayores precios o la contratación de bienes y servicios de menor calidad, por ello hagamos uso de este derecho e interesémonos por la información pública, en la medida que seamos una sociedad informada, podremos exigir una puntual rendición de cuentas.
Referencias:
https://imco.org.mx/compranet-se-cayo-y-cada-dia-cuenta/
Sol A. Lara Kock. Especialista en Administración Pública con enfoque en compras públicas y privadas.
“Artículo Sexto” es una iniciativa de opinión de especialistas en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, archivo y rendición de cuentas, promovida por Laura L. Enríquez (@lauraenriquezr). Las opiniones y voces de estos especialistas son a título personal, y su objetivo es promover la cultura de la transparencia en el país. ¡Hagamos lo que nos corresponde!