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La justicia en el ámbito político

La justicia en el ámbito político

Columnas jueves 10 de agosto de 2023 -

Desde hace aproximadamente 40 años hemos atestiguado la intensa disputa académica y práctica sobre la legitimidad y el papel de la justicia constitucional en el espacio de la política y el control del poder público.

Por un lado, una corriente ha venido sosteniendo que el papel central de órgano de cierre -definir en última instancia aspectos como: políticas públicas, decisiones gubernamentales o debates de moralidad política- que ha ocupado el Tribunal Constitucional, no puede si no ser visto como una patología del sistema constitucional que debe corregirse, pues sus efectos tienen un potencial deslegitimador de la democracia. Esta crítica ha colocado sobre la mesa los riesgos de la politización de la justicia o la judicialización de la política, el activismo judicial, el gobierno de los jueces y las fórmulas de exigencia de responsabilidad y control de los controladores.

Desde otra orilla, un sector doctrinal ha explicado que si el constitucionalismo posterior a la Segunda Guerra Mundial sentó las bases para un ordenamiento jurídico cuya centralidad reside en la garantía de los derechos y el principio democrático, sería ingenuo pensar en su eficacia y materialidad sin la presencia de juzgadores encargados -y especialmente comprometidos- de su aplicación no solo en la posición crucial de garantes de esa eficacia, sino también de vigilantes de la actuación del poder público. Sobre esta premisa, los tribunales funcionan como operadores que manejan el complejo y fluido conjunto de normas que conforman en la actualidad el derecho de los derechos, un entramado en permanente construcción en el que se integran además de las normas nacionales de rango constitucional o legal, otras de carácter convencional, de origen internacional y jurisprudencial.

Quienes como don Francisco Tomás y Valiente apuntara, observamos los conflictos estatales desde fuera, pero desde cerca, desde la orilla, pensamos que entre las posiciones antagónicas mencionadas existe una tercera perspectiva que ve en la justicia constitucional una válvula de escape para dar cauce objetivo, racional y jurídico a los desacuerdos profundos de la realidad política y social, lo que hace de esta institución un instrumento que fortalece la democracia constitucional, ponderando cuándo y de qué manera deben prevalecer los derechos fundamentales y cuándo los principios de orden público.

Lo que es más, siguiendo las ideas de Rubio Llorente o Ignacio de Otto, parece poco probable que la entronización de la judicatura, particularmente del Tribunal Constitucional, sea resultado de un cálculo del constitucionalismo democrático. En el mejor de los casos, como ha dicho Marian Ahumada, este peso específico adquirido por la jurisdicción constitucional es más un resultado de la consustancial función que cumple como garantía judicial de los derechos fundamentales, que de un diseño teórico predeterminado; rol ese sí, que ha venido a componer un nuevo paradigma para las relaciones entre Estado, poderes y sociedad.

En cualquier caso, es cierto que sigue siendo una competencia polémica la facultad de revisar la legitimidad de la actuación de los poderes públicos y, en particular, la función de producción normativa que tiene a su cargo el legislativo. Sin embargo, frente a esta persistente objeción, la ruta de Zagrebelsky resulta más que orientadora, en tanto sitúa a la jurisdicción constitucional no como un control de la legitimidad de la actuación del poder público en lo general, sino únicamente como una definición del entendimiento del derecho constitucional aplicable a la decisión de una controversia específica, y ello lo hace por mandato expreso de la propia Constitución.

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/CR

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