La memoria y la justicia

Columnas miércoles 24 de junio de 2026 -

México arrastra heridas que no pueden ocultarse bajo el paso del tiempo. Una de ellas es la tortura, una de las violaciones más graves a los derechos humanos y una práctica que durante años minó la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de procurar justicia.

El informe "Hasta perder el sentido", elaborado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), documenta actos de tortura y malos tratos cometidos en Aguascalientes entre 2010 y 2014, un periodo que coincidió con los gobiernos estatales del panista Luis Armando Reynoso Femat y el priista Carlos Lozano de la Torre, así como con la administración federal encabezada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto

durante los últimos dos años del periodo analizado.

Aquellos años marcaron una etapa particularmente compleja para México. La estrategia de seguridad impulsada desde el gobierno federal generó múltiples cuestionamientos de organismos nacionales e internacionales por denuncias relacionadas con desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y tortura; una de ellas y quizá la más grave, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

En ese contexto, el documento de la ONU-DH expone testimonios que describen arrestos efectuados sin identificación oficial de los agentes, detenciones presuntamente arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y traslados a instalaciones distintas de las oficialmente reconocidas.

Las narraciones resultan inquietantes porque revelan patrones institucionales. Varias personas afirmaron haber sido detenidas por agentes que no portaban insignias ni vehículos oficiales, situación que incluso las llevó a pensar que eran víctimas de secuestro.

La gravedad de estos antecedentes obliga a revisar no sólo lo que ocurrió en Aguascalientes, sino el modelo de procuración de justicia que predominó en buena parte del país durante aquellos años.

México de 2026 es distinto al de entonces. Actualmente gobierna Claudia Sheinbaum Pardo, primera mujer en ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo federal, en una etapa política que ha colocado en el debate público temas como la transparencia, la rendición de cuentas y la ampliación de derechos sociales.

Eso no significa que los problemas hayan desaparecido. Persisten desafíos importantes, sin embargo, también existe un marco jurídico más robusto que el de hace una década, impulsado por reformas constitucionales desde el Congreso de la Unión, mecanismos de protección a víctimas y mayor amplitud en el estándar de supervisión.

Precisamente por ello, informes robustos --como el elaborado por la ONU-DH-- mantienen plena vigencia. No solo documentan abusos del pasado; también funcionan como una advertencia permanente para las instituciones actuales. No cabe duda que, la memoria también impulsa la justicia.

*Periodista | @JoseVictor_Rdz

Premio Nacional de Derechos Humanos 2017