Por Alejandro Torres Rogelio (*)
Es inminente el regreso a clases presenciales en las escuelas públicas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) de la Ciudad de México. De acuerdo a lo anunciado por el gobierno de la capital y la Autoridad Educativa Federal se tomarán medidas para evitar contagios por el coronavirus que provoca la Covid-19 durante la estancia de los 1.2 millones de alumnos en sus aulas.
Desde que se anunciaron tales medidas en julio del año pasado como parte del “Protocolo de regreso a clases en la nueva normalidad” se ha alertado en esta columna (julio 15 y 29) que faltan acciones que protejan otro derecho fundamental de los alumnos, maestros y el personal administrativo: la protección de sus datos personales.
Para comprender la importancia del tema recordemos que desde el inicio de la pandemia se reportaron en México casos de agresiones, incluso físicas, contra trabajadores del sector salud que atendieron a los enfermos. Algunas personas contagiadas han sufrido actos de hostigamiento, segregación o estigmatización. No faltaron casos en que les arrojaron cloro u otras sustancias y a sus hogares.
Todas esas actitudes demuestran la relevancia de informar profusa y oportunamente a la población respecto de las características de la enfermedad para evitar nociones erróneas, falsas o tergiversadas que lleven a tales actos de violencia física y emocional. Evitar el “teléfono descompuesto”.
Pero también es importante educar a toda la sociedad en el respeto a la privacidad y la protección de los datos personales, ya que el estado de salud presente o pasado de una persona no tiene porqué ser divulgado ni por autoridades de cualquier nivel ni por particulares. Pensemos, por ejemplo, en la gran cantidad de información sin confirmar, rumores y abiertas mentiras que se difunden a través de los chats o mensajes de celular que hoy son tan populares entre alumnos, padres de familia y maestros.
Por supuesto que es importante detectar a tiempo a cualquier alumno o maestro con síntomas de Covid 19, pero ni su nombre ni otros datos personales tendrían que estar circulando entre la comunidad escolar. Tras confirmar un caso positivo, bastaría con suspender las clases presenciales sin revelar la identidad del enfermo, y que el grupo escolar al que pertenece se realice la prueba de Covid 19.
La confirmación de un caso positivo no ocurrirá en los filtros de ingreso al plantel ni en el aula, sino que se deberá canalizar al caso sospechoso a alguno de los centros o laboratorios donde se realizan las pruebas. Pensemos en aquellas personas que por un resfriado o alguna otra situación presenta tos constante y otros malestares, como dolor de cabeza y fiebre. Un rumor podría colocarlo como supuesto caso de Covid 19, sin serlo.
Además, aquellas niñas, niños o adolescentes que tuvieron Covid 19 durante el confinamiento no tendrían que revelarlo, pues forma parte de su historia clínica y esta información es considerada sensible por las leyes de protección de datos personales, precisamente por el riesgo a sufrir afectaciones como segregación, estigmatización, acoso, violencia física o emocional, entre otros.
Sin embargo, no parece que la estrategia gubernamental de regreso a las aulas tome en cuenta la importancia de la protección de los datos personales relacionados con la salud, sobre todo de menores de edad. Todavía hay tiempo de actuar a través de los “Comités participativos de salud escolar” que contempla el protocolo de regreso a las aulas.
(*) Especialista en transparencia y protección de datos.
@torresalex