La oposición pareciera nacer todos los días. Olvida su pasado, sobre todo cuando se trata de señalar sus actos de corrupción. Echa mano de la memoria sólo cuando quieren exaltar la experiencia de alguno de sus integrantes, aunque no por eso consideran estar implicados con personajes como Genaro García Luna, quien pareciera haber trabajado solo, sin jefe ni subordinados por más de un sexenio a la sombra y con la complicidad de gobiernos panistas.
Los panistas se dicen limpios de toda culpabilidad y cuando no tienen salida afirman, con tal seguridad que conmueve, que son perseguidos políticos. El escándalo que produjo el cártel inmobiliario que inicia en la alcaldía Benito Juárez y parece no tener fin ni en espacios ni en tiempo, no es tema que toquen los opositores, a pesar de los señalamientos que implican pruebas, evidencias y hasta testimonios.
La mayoría de las inculpaciones las hace la población; sin embargo, culpan al gobierno, como si en la falta de lógica vaya implícita su inocencia. La pureza les asiste sobre todo cuando tratan de señalar defectos en sus contrincantes, a quienes exigen no sólo bondad y certeza sino perfección.
La simple intención de aparecer como libres de culpa en un sistema político caracterizado por la corrupción, los hace ver como seres de otro país, incluso de otro mundo.
En este escenario de aparente inocencia y teniendo como telón de fondo falsa pureza aparecen tres casos en tres días que inculpan directamente a tres opositores:
José Rosas Aispuro Torres, exgobernador panista de Durango, fue vinculado a proceso por uso ilegal de la fuerza pública contra Carlos Iván Soto Hernández, periodista del medio En Vivo Durango, en julio de 2022.
Por otra parte, en el último día de campañas en el Estado de México, la candidata a gobernadora por la coalición opositora Alejandra del Moral, canceló el cierre que tenía programado realizar en Tlalnepantla, al darse a conocer que está implicada en un fraude por 5 mil millones de pesos en complicidad con el gobernador, también priista, Alfredo del Mazo, según reportaje del periódico inglés The Guardian.
Además, el pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ratificó, por unanimidad, la existencia de daño a la Hacienda Pública, por 230 millones 77 mil 487.66 pesos en la construcción de la “Estela de Luz”.
Esto sucedió en menos de 48 horas. No se trata de persecución sino de delitos cometidos comprobados, denunciados por la población y nos persecución o investigaciones del gobierno. Incluso, denunciados por instancias internacionales que no pueden ser parte de un proyecto de venganza política o creación de delitos o delincuentes. La pureza no es propia de los integrantes de la política nacional.
La oposición desgastó el término de persecución política que en México tenía causas nobles.