Es de conocimiento público que se necesita hacer un trabajo multidisciplinario y transversal para erradicar la violencia laboral no solo en México, también a nivel internacional. El abuso viola los derechos humanos de las personas que viven dicha embestida por parte de quienes ostentan el “poder”.
La violencia laboral y el acoso es una forma de abuso que genera daño físico, psicológico o emocional en la persona trabajadora, constituyen violaciones a los derechos humanos y una amenaza para la igualdad de oportunidades.
“Más de una de cada cinco personas empleadas, casi el 23%, ha sufrido algún tipo de violencia en su lugar de trabajo, ya sea física, psicológica o sexual, según el primer análisis* de datos realizado conjuntamente en todo el mundo por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la organización benéfica mundial independiente Lloyd's Register Foundation (LRF) y la empresa de análisis y sondeos Gallup”, (Naciones Unidas, 2022).
La violencia laboral se manifiesta con agresiones físicas o verbales, que busca intimidar o menospreciar; acoso sexual, mediante conductas no deseadas de naturaleza sexual que atentan contra la dignidad de la persona; así como hostigamiento psicológico. Rompe con el principio de respeto y dignidad en el espacio de trabajo, vulnerando derechos humanos y laborales fundamentales.
Hay que leer con detenimiento el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 2019, el primer instrumento internacional que reconoce explícitamente el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, incluyendo la violencia y acoso por razón de género.
A pesar de décadas de avances y retrocesos en el respeto a los derechos humanos de todas y todos, siempre será importante que las y los servidores públicos busquen la forma de actualizarse para trabajar por el bienestar de las personas.
La OIT conmina a los Estados a prevenir, sancionar y erradicar estas conductas en todas sus formas. En México, el proceso de armonización legislativa ha avanzado de manera gradual, en el año 2022, el Senado ratificó el Convenio 190. Además, se han impulsado reformas en la Ley Federal del Trabajo (LFT) para fortalecer la prevención y atención del hostigamiento y acoso sexual, incorporando mecanismos como los Protocolos de actuación en centros de trabajo. Sin embargo, las leyes y las políticas públicas vigentes no pueden quedar en buenas intenciones. Las y los funcionarios de los tres niveles de gobierno, así como la Iniciativa Privada están obligados a ser congruentes en la práctica.
Cabe mencionar que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación ya contemplan disposiciones que se articulan con este convenio.
La STPS ha promovido la Norma Oficial Mexicana NOM-035, que aborda factores de riesgo psicosocial, y está explorando mecanismos más específicos frente a violencia y acoso laboral.
Es imprescindible realizar los cambios necesarios en la materia para evitar que continúe la violencia laboral en todas sus formas. Desde la administración pública municipal, estatal y federal podrían generarse cambios contundentes que abonen en el respeto a los derechos humanos de todas las personas y no de unos cuantos.
Por Viviana Erika Solorio, activista de derechos humanos. Mtra. Administración y Políticas Públicas con Enfoque en Gestión Política.