La trata de personas en México

La administración del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha intensificado sus esfuerzos en la lucha contra la trata de personas, coordinando acciones entre organismos gubernamentales y organizaciones civiles. En diciembre de 2022, publicó el Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos (2022-2024). A pesar de los problemas de coordinación entre autoridades federales, estatales y locales, y la falta de herramientas de supervisión, la inclusión de indicadores para seguir los avances en la aplicación del programa ha sido elogiada, incluso por la ONU.

Se ha otorgado financiamiento a una ONG para gestionar la línea nacional de ayuda contra la trata de personas, que ofrece asistencia las 24 horas del día en español, inglés y lenguas indígenas. Sin embargo, la sensibilización sobre la trata, especialmente en el trabajo forzado, sigue siendo limitada, y las campañas no llegan suficientemente a grupos de alto riesgo como los niños y las comunidades indígenas.

Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha enfrentado obstáculos en la aplicación de las leyes laborales debido a la falta de inspectores y a limitaciones en la supervisión de condiciones laborales en empresas informales. Aunque la ley prohíbe el cobro de comisiones a los trabajadores, muchos reclutadores informales evaden la supervisión gubernamental.

En febrero de 2023, se establecieron lineamientos para prohibir la importación de bienes producidos mediante trabajos forzados. Sin embargo, persisten preocupaciones sobre la protección de niños migrantes no acompañados y la explotación infantil en el turismo. A pesar de los esfuerzos para reducir la demanda de actos sexuales comerciales, el gobierno no ha investigado ni procesado a sospechosos de turismo sexual infantil, hasta la fecha.

En este contexto, es fundamental abordar los desafíos restantes. Se necesita una mayor coordinación entre las autoridades a todos los niveles para garantizar la eficacia de las políticas y programas contra la trata de personas. Además, se deben intensificar las campañas de sensibilización y educación pública para aumentar la conciencia sobre este grave problema y llegar a los grupos de alto riesgo de manera más efectiva.

La protección de los derechos laborales también debe ser una prioridad, con un aumento en el número de inspectores y una supervisión más estricta de las condiciones laborales, especialmente en sectores informales donde los abusos son más comunes. El gobierno debe hacer cumplir las leyes que prohíben el trabajo forzado y el cobro de comisiones a los trabajadores, imponiendo sanciones a los infractores de manera consistente y efectiva.

Si bien se han logrado avances significativos en la lucha contra la trata de personas en México, aún queda mucho por hacer. Es necesario un compromiso continuo y acciones concretas para abordar los desafíos restantes y garantizar la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables.

Y en este sentido, las tres personas que aspiran a presidir el trabajo gubernamental desde la silla presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo, Xóchitl Gálvez Ruíz y Jorge Álvarez Máynez, deben hacer público la forma en cómo abordarían este problema, que ya es de carácter internacional.

*Periodista | @JoseVictor_Rdz
Premio Nacional de Derechos Humanos 2017
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