Un dato ya común en la encuesta de percepción sobre el desempeño de las autoridades de seguridad pública y justicia que anualmente elabora el INEGI, es la reprobación de la judicatura en el índice de confianza ciudadana. Casi la mitad de l@s mexican@s no confían en sus juezas y jueces.
El problema principal que afecta la percepción de la sociedad sobre el Poder Judicial de la Federación no es la corrupción, a pesar de las acusaciones que se han lanzado una y otra vez.
Si bien, hemos visto casos de quienes se han desviado de la ética de la función, tras 20 años en el PJF puedo afirmar de primera mano que la gran mayoría de personas que trabajan en el CJF, el TEPJF y la SCJN, son honestas, trabajadoras y procuran realizar su quehacer con compromiso, incluid@s desde luego, l@s titulares de los órganos.
Entonces ¿cuáles son los factores que llevan a la sociedad a percibir con profunda desconfianza a la justicia federal?
La justicia es un servicio público cuya esencia debe ser el humanismo, lo que exige tener juzgadora(e)s no solo altamente competentes, sino sensibles y empátic@s frente a las personas que acuden a su protección y al entorno deficiente que envuelve el actuar de las autoridades en nuestro país.
En general, l@s juzgadora(e)s no se han percatado que el potencial de su función debería ser puesto al servicio y defensa de la sociedad que no se ve representada en los órganos legislativos; que es ignorada por las burocracias de los ejecutivos y que no encuentra soluciones adecuadas en los tribunales ordinarios.
Por el contrario, en aras de sostener la técnica jurídica, el formalismo y un mal entendido compromiso con el orden público y el interés de la “Nación”, la judicatura federal no ha podido ser aliada de las personas que viven en el día a día una realidad completamente diferente de la que tienen l@s funcionari@s judiciales desde sus cómodos escritorios.
Ahí donde con frecuencia se ven solamente números y expedientes, en lugar de rostros y vidas frágiles; donde la mayor preocupación es la estadística y la cantidad de trabajo por desahogar, que el daño que está sufriendo una persona que acude para que la: Amparen y Protejan, comienza el camino de la separación de la sociedad con sus juzgadora(e)s. Se pierde pues el sentido de la función judicial: transformar positivamente la vida de las personas cuando la razón les asiste, sin construir un nuevo obstáculo adicional a los que han enfrentado antes.
Allá donde las y los juzgadores se han desconectado de la vida real, se pierde la sensibilidad para entender el complejo contexto que viven las personas, y comienza a levantarse un muro sobre el cual se edifica un sistema de obstrucción y no de impartición de justicia.
Así desempeñada, la judicatura no logrará confianza, ni legitimidad, ni cumplirá su verdadero rol en el proceso de consolidación de la democracia mexicana.