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La voluntad de Consitución

La voluntad de Consitución

Columnas jueves 02 de marzo de 2023 -


La fuerza y eficacia de la Constitución sigue siendo un asunto político y jurídico. Político, porque el desarrollo de la fuerza constitucional está vinculado a que los detentadores del poder decidan ajustar sus decisiones de oportunidad, en la mayor medida posible, a las opciones jurídicas reconocidas en la Constitución. Esto requiere un compromiso político de los órganos de gobierno y de partidos políticos, por resguardar los derechos fundamentales y el principio democrático en las vertientes formal y sustantiva, pues esa es la voluntad de Constitución —wille der Verfassung, en términos del Derecho Público alemán— que significa constituir un sistema político de acuerdos posibles y convivencia pacífica.

Cuando esa fuerza normativa de la Constitución no se procura desde el poder público, es la ciudadanía y las fuerzas vivas de la sociedad, quienes deben exigir a los órganos de gobierno que retornen su actuación a los consensos políticos y sociales previstos en forma de normas jurídicas en la norma suprema. Si esas expresiones no son escuchadas y atendidas mediante un diálogo democrático y un proceso deliberativo plural e incluyente entre el gobierno y las distintas visiones sociales representadas en los cuerpos parlamentarios, el grupo que detenta el poder impone su visión e ideología política, con lo cual la decisión cobra tintes autocráticos, produciendo un poder fáctico con efectos normativos discriminatorios, en tanto deja fuera de las decisiones esenciales a quienes no son electoralmente la mayoría representativa.

Con el cierre de ese espacio se rompe el ciclo político, pero no así el ciclo de Estado, porque en una democracia, el legítimo reclamo de quienes han sido excluidos, lleva la decisión a la etapa del control de constitucionalidad, es decir, llega el momento en que hablará el derecho como instrumento que somete lo decidido bajo el flitro de la Constitución, para que sea la voz de los órganos de impartición de justicia, la que cierre el ciclo de disputa del régimen de dominación de manera definitiva. Este ciclo fue delimitado por Karl Loewenstein hacia la década de los años 50 del siglo pasado, con la siguiente fórmula: i. Obtención del poder -conformación de la decisión-; ii. Modo de ejercicio del poder -toma de la decisión-; y, iii. Límites al ejercicio del poder -control de la decisión-.

Para nadie que entienda teoría constitucional, debe ser extraño ni ajeno que lo que hoy sucede en México con el debate político, social y, en las siguientes semanas, jurídico, del Plan B del sistema electoral -incluida la marcha del pasado 26 de febrero- forma parte connatural del proceso político de nuestro país. Se trata de un desarrollo que culminará en el control que habrá de realizar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano que cerrará dicho proceso, esto es lo normal en una democracia constitucional.

Bajo cualquier óptica, lo racional es permitir que desde todos los ángulos, sectores y poderes que intervienen, el proceso corra en todas sus etapas y llegue al cierre del tribunal constitucional de nuestro país, porque lo que caracteriza a un sistema político, democrático y constitucional de otro autocrático, es precisamente la existencia de controles, su estabilidad y eficacia, que ordenan racionalmente la voluntad política y convencen socialmente sobre cuál es la mejor decisión en el caso y por qué motivos.

Este es el auténtico cauce sobre el cual debemos debatir lo que nuestra generación está viviendo en lo político, jurídico y social en el México de hoy, bajarnos de este escenario para echar mano de argumentos demagogos e ideológicos, es impertinente y estéril.


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