Claudia Bolaños
Mientras el PAN rechazó la liberación de personas privadas de la libertad en cárceles de México, el PRD aprobó la medida ante la pandemia por el Coronavirus Covid-19.
Hasta ahora en el Estado de México se ha dejado en libertad a 59 personas, mientras que a mil 835 personas se les ha colocado brazaletes electrónicos para que pudieran ser beneficiarios de la libertad anticipada, y hay pendientes otros 5 mil 500 casos que siguen en revisión, informó la indicó la diputada Federal del PRD, representante de dicha entidad, Claudia Reyes.
“Ésta era una medida humanitaria y de salud necesaria, ya que de acuerdo con datos del INEGI el 46 por ciento de las personas privadas de la libertad comparten celda con más de cinco personas y en algunos lugares la cifra es mucho mayor, lo que los convertía en potenciales víctimas de contagio de COVID-19.
“Gracias a ello, de acuerdo con datos de asociaciones civiles, se podría reducir la sobrepoblación en hasta un 40 por ciento”, dijo.
La legisladora recordó que en días pasados solicitó al Gobierno del Estado de México que atendiera el llamado de asociaciones civiles que pedían que aquellas personas privadas de su libertad (PPL) que cumplieran los requisitos pudieran obtener medidas de preliberación y libertad, esto con el fin de evitar la propagación del COVID-19 en los penales de la entidad, sobre todo porque se habían reportado algunos casos en dichos lugares, como ocurrió en el Penal de Cuautitlán, en donde la falta de información incluso llevó a peleas con las fuerzas de seguridad.
“Es importante señalar que esta acción no fue una concesión de ningún gobierno, ni debe ser utilizado como propaganda política, sino que obedeció a derecho y fue un justo reclamo de la sociedad civil, de la cual es un triunfo, y por eso ningún gobernante debe asumirla como propia”, mencionó.
Ahora, dijo, se informa que por acuerdo del Poder Judicial del Estado de México y la Secretaría de Seguridad del Estado de México se aplicarán en la entidad medidas de liberación y preliberación para personas que cumplan con los requisitos de la ley, que se encontraban cumpliendo sentencias por delitos no graves o bien, para aquellas que estaban en mayor situación de vulnerabilidad, como es el caso personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o con alguna enfermedad delicada.
“Ahora espero que la revisión por parte de las autoridades de los más de 5,500 casos que están pendientes para acceder a este beneficio se dé con prontitud y de acuerdo a derecho, sin que esto signifique vulnerar sus derechos fundamentales y su salud”, puntualizó.
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