Lo inaceptable de la pax narca

Columnas miércoles 24 de diciembre de 2025 -

Las recientes declaraciones de la Presidenta de la República, mediante las cales afirmo que en Sinaloa existía “paz” antes de la división del Cártel de Sinaloa y del secuestro de Ismael Zambada, colocan en el centro del debate público una verdad incómoda: en amplias regiones del país han operado, de facto, equilibrios criminales que producen una apariencia de estabilidad. Dicha estabilidad ficcional, sin embargo, no es paz en sentido político ni jurídico; es una tregua armada fundada en acuerdos ilegales, reparto territorial y control social violento.

Desde la perspectiva de la seguridad pública y del combate al crimen organizado, esta “paz” es un orden criminal. Se sostiene en la capacidad de los grupos delictivos para regular mercados ilícitos, imponer reglas, castigar desviaciones y, sobre todo, administrar la violencia. Cuando estos acuerdos se rompen -como ocurre tras capturas, extradiciones, traiciones o disputas sucesorias- la violencia emerge con toda su crudeza, tal como se observa hoy en Sinaloa. Tal escalada es el mecanismo normal de reajuste en un sistema criminal que nunca dejó de ser violento.

Aceptar ética o políticamente esa estabilidad impuesta por cárteles es inaceptable por al menos dos razones fundamentales. La primera es ética. La paz criminal descansa en violaciones sistemáticas de derechos humanos: homicidios selectivos, desapariciones, extorsión, reclutamiento forzado, control de comunidades y captura de economías locales. Que la violencia sea “administrada” y no “desbordada” no la vuelve menos injusta ni menos lesiva. Normalizarla implica relativizar el sufrimiento de las víctimas y convertir la ausencia momentánea de balaceras en un criterio de bienestar social. Desde una ética pública mínima, ninguna autoridad puede considerar aceptable un orden basado en la coerción privada y el terror.

La segunda razón es política y toca el núcleo mismo del Estado moderno. Cuando el Estado tolera explícita o implícitamente arreglos criminales que garantizan “gobernabilidad”, renuncia a su monopolio de la violencia legítima y abdica de su función esencial como garante del orden jurídico. No se trata solo de un déficit operativo, sino de una claudicación soberana. El mensaje es devastador: la legalidad deja de ser el marco común y se convierte en una variable negociable frente al poder criminal armado.

Además, la paz criminal es estructuralmente inestable. Depende de liderazgos personales, lealtades frágiles y balances de fuerza siempre contingentes. Cualquier alteración -una captura, una división interna, un reacomodo de alianzas- detona ciclos de violencia extrema. En términos de política pública, apostar por esa estabilidad es apostar por una bomba de tiempo: no reduce el riesgo, sólo lo difiere y lo concentra.

Por ello, la reflexión de fondo no debe orientarse a pensar en equilibrios criminales perdidos, sino a reafirmar una estrategia de Estado que recupere territorio, legitimidad y capacidad coercitiva bajo el marco de la ley. Combatir al crimen organizado no es solo una tarea policial o militar; es una empresa política que exige reconstruir instituciones, cortar flujos financieros ilícitos, desmantelar redes de protección y garantizar justicia efectiva. Cualquier otra cosa no es realismo político sino renuncia ciudadana.