Raúl Avilez Allende.*
El presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó la revocación de mandato para que el pueblo pueda decidir, a media gestión, si el presidente en turno renuncia o continúa al frente del gobierno. A la oposición le brillaron los ojos y se lanzaron con todo para lograr la revocación; pero después de revisar los posibles escenarios y hacer bien sus cuentas, ahora decidieron meter reversa.
El 20 de diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma política en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato. A partir de ese momento, nuestra Carta Magna contiene este instrumento de democracia participativa y del cual debes tener presentes los siguientes puntos:
1) El Congreso de la Unión tenía que expedir la ley reglamentaria a más tardar el 17 de junio de 2020 y no lo ha hecho. Primero, por la falta de empuje de Morena y después, por la resistencia opositora.
2) Ante este escenario, el INE quiere aprobar unos lineamientos para poder operar la consulta y cumplir con esta obligación constitucional. Haya o no haya ley reglamentaria, el INE debe emitir lineamientos y en caso de ser primeros en tiempo, deberán de ajustarlos a lo que la ley reglamentaria dicte.
3) Las y los interesados en presentar una solicitud de revocación de mandato, tendrán que hacerlo del 1 de noviembre al 15 de diciembre, ante el INE y presentar 2 millones 724 mil firmas de apoyo, equivalentes al 3% del total de inscritos en el listado nominal, en por lo menos 17 entidades federativas.
4) El INE tiene hasta el 4 de enero del 2022 para revisar las firmas y emitir la convocatoria, teniendo que realizar la votación a más tardar el 5 de marzo. Todo esto de acuerdo con los artículos transitorios de la reforma constitucional y no coincide ni con lo propuesto por el INE, ni con la propuesta del presidente: 21 de marzo.
5) Para que sea válido el resultado de la consulta, se requiere la participación de por lo menos el 40% de las y los inscritos en el listado nominal de electores y ganará la respuesta que haya obtenido la mitad más uno de los votos.
Los riesgos para los conservadores son muchos, empezando por quedarse en el intento de reunir las firmas de apoyo, aún y cuando el INE les ponga en charola electrónica de plata el procedimiento, con una aplicación y un link para apoyar la solicitud de consulta.
Suponiendo que lograran la participación necesaria en esta etapa, tendrían que invertir mucho dinero en la difusión de la consulta, obvio a través de los mecanismos subterráneos que acostumbran. Aún con toda la difusión del INE, que seguro se esmerará, es imposible que logren sacar los casi siete millones que ya probó la izquierda que puede movilizar en una consulta.
De ningún modo participaría un porcentaje cercano al 40%, y mucho menos sería mayoritaria la opción a favor de la revocación. De este modo y sabiendo que tiene contra las cuerdas a los opositores, el presidente López Obrador seguirá insistiendo y empujando la consulta, esperando con calma la estrepitosa caída conservadora en alguna de las siguientes etapas.
ENTRE GITANOS
También las y los gobernadores de los estados del país y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pueden ser llevados a consulta para la revocación de mandato. Claro que, primero es necesario que la mayoría de ellos lo plasme en su constitución local y posteriormente aprueben la legislación reglamentaria. Porque nuestra Carta Magna ya establece que la solicitud debe ingresarse durante los tres meses inmediatos a que se cumplan los primeros tres años de gobierno y el porcentaje de firmas requeridas es del 10% de su lista nominal, en por lo menos la mitad más uno de sus municipios o alcaldías. El porcentaje mínimo de participación es también del 40% y la votación es por mayoría absoluta.
En el caso de la CDMX, su constitución establece el 60% de los votos para hacer vinculatorio el resultado, por lo que la II Legislatura del Congreso de la CDMX deberá armonizarla.
*Especialista en Ciencia Política y Gobierno.
avilezraul@hotmail.com