Los beatíficos privados.

Es difícil vivir en Corea del Centro, y más en tiempos electorales, así que si este texto se entiende como un alegato partisano, que así sea. No es secreto de nadie que los gobiernos a lo largo del mundo han ido perdiendo la confianza de los ciudadanos; este es un fenómeno global que puede constatarse en el barómetro de Edelman, donde aún los países escandinavos que los latinos vemos como paraísos aburridos y desabridos (pero paraísos económicos al fin) han sufrido los embates de la pérdida de legitimidad. Occidente ha construido su concepto de ciudadanía desde una posición moral individualista, y como tal el Estado siempre se verá con recelo o resentimiento: “cobra impuestos pero no hace nada, nada más ve cómo está la delincuencia, etc...”. Lo interesante es que la ausencia de Estado, donde la ha habido, no genera la proverbial colmena de abejitas silbantes, sino estampas hobbesianas de caos, violencia y terror. Aún así, ante las carencias o deficiencias que percibimos en la sociedad, la solución que se nos ocurre siempre es menos Estado y más mercado, o más derecho siempre y cuando se use para crear y proteger mercados. Ridículo.

Por eso, aunque es irrisorio, no es sorprendente que algunos voceros de la iniciativa privada encencieran las alarmas de que las reformas legales en materia de hidrocarburos eran “una antesala a la expropiación” de gasolineras, y hayan habido miles de glosas tratando de emparentar las acciones de gobierno con el aparato estatal de los ignominiosos años setenta. Esto es estúpido por varias razones. La primera de ellas, que el poder ejecutivo siempre ha tenido la facultad de expropiar la propiedad privada, por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Es una facultad que se usa poco por razones de oportunidad política y consecuencias económicas, no porque el orden legal la limite. Como ejemplo de la historia reciente, Vicente Fox, cuando era presidente de la República, expropió más de 20 ingenios azucareros para salvarlos de una quiebra inminente producto de sus propias irregularidades financieras, y luego se re privatizaron. Si el Estado de Bienestar terminó siendo un gigante reumático repleto de hoyos negros financieros y empresas en números rojos, no fue por una fiebre expropiatoria de riqueza privada, sino porque en ese momento se consideró que lo racional era endeudarse y evitar la pérdida de empleos a toda costa, así fuera adquiriendo empresas arruinadas o produciendo bienes y servicios de mala calidad con tal de sustituir importaciones.

La segunda razón, es que el gobierno ha sido sumamente cauteloso en lo que se refiere al control de precios de bienes cuyo precio se fija internacionalmente, porque tiene muy claras las lecciones históricas que provocaron la caída de la vieja clase política revolucionaria y el ascenso de quienes fueron llamados tecnócratas. Así, antes que un control de precios energéticos, lo que ha intentado la presente administración (si es o no una buena idea es otro cantar) es modificar la posición de las empresas estatales dentro del mercado para que vuelan a ser actores tan preponderantes como antes de su inexplicable desmantelamiento.

Por último, si AMLO quisiera expropiar empresas, lo pudo haber hecho durante el primer confinamiento de 2020, el que el FMI bautizó como “The great lockdown”, porque era el pretexto perfecto para comprar empresas a fin de cuidar las fuentes de trabajo y evitar su quiebra. Muchos países europeos lo hicieron con empresas estratégicas como líneas aéreas, así que nadie hubiera puesto mayor resistencia. Y no lo hizo.

Lo que hoy vivimos es un intento de reivindicación de fuerza por parte del poder público, luego de varias décadas en las que la esfera de lo “indecidible” se volvió más y más amplia. Todas las decisiones de política económica, que son las que condicionan el margen de maniobra en todo lo demás, ya estaban tomadas y blindadas transexenalmente. “Es que ya están los contratos, y no se pueden tocar”, equivalía a que, sin importar el gobierno que llegara y su orientación ideológica, lo importante ya estaba decidido de antemano. ¿No pierde un poco de sentido la democracia representativa en estas condiciones? Los “inversionistas” no se irán mientras haya negocio, sólo se verán obligados a revisar sus contratos de vez en cuando, y a estar al tanto de la orientación política de la mayoría en un país. Lo siento, no me parece mal.