Los dueños de la calle en la Ciudad de México

Columnas martes 10 de febrero de 2026 -

En la Ciudad de México, estacionarse en la vía pública se ha convertido en un acto de resignación. No basta con encontrar un espacio libre: también hay que negociar, de manera forzada, con quienes se han apropiado ilegalmente de la calle. Los llamados franeleros operan a plena luz del día y con total impunidad, ante la nula aplicación de la legislación que, en el papel, debería erradicar estas prácticas.

La escena es cotidiana en colonias céntricas, zonas comerciales y alrededores de hospitales, oficinas públicas y centros de entretenimiento. Un automovilista se estaciona en un lugar permitido y, de inmediato, aparece alguien con un trapo o una cubeta que “ofrece” cuidar el vehículo. La oferta no es opcional. Si no se paga, llegan las amenazas veladas: “yo no respondo si le pasa algo”, “aquí luego rayan los coches”. En muchos casos, la intimidación se traduce en daños reales: rayones en la carrocería, cristales rotos o llantas ponchadas como represalia por no pagar por el uso de un espacio que es público.

La Ciudad de México cuenta con normas claras. La Ley de Cultura Cívica y diversos reglamentos prohíben el cobro por estacionarse en la vía pública, la obstrucción de calles y banquetas, así como las amenazas y daños a la propiedad. Sin embargo, estas disposiciones rara vez se aplican. Las autoridades capitalinas suelen mirar hacia otro lado, permitiendo que una actividad ilegal se normalice bajo el argumento de la “tolerancia” o la “falta de opciones laborales”.

Esta omisión institucional tiene efectos graves. Normaliza la extorsión cotidiana, erosiona la confianza en la autoridad y deja en indefensión a miles de ciudadanos. En la práctica, se ha creado un sistema paralelo donde quien intimida controla el espacio público y cobra cuotas sin rendir cuentas. La calle deja de ser un bien común y se convierte en un territorio concesionado de facto a grupos informales.

Atender el problema no significa criminalizar la pobreza ni ignorar la necesidad de políticas sociales. Significa, simplemente, aplicar la ley. La autoridad puede y debe combinar alternativas de empleo y programas sociales con operativos constantes que impidan amenazas, cobros ilegales y daños a los vehículos. La tolerancia no ha resuelto nada; por el contrario, ha consolidado un esquema de abuso que crece y se vuelve más violento.

Mientras en la Ciudad de México no exista voluntad para hacer valer la legislación, los franeleros seguirán siendo los dueños de la calle. Y cada amenaza impune, cada auto dañado sin consecuencias, seguirá recordando que el espacio público está siendo gobernado por la intimidación y no por el Estado de derecho.

¿Y tú, cuánto sueles pagar por mantener la integridad de tu auto o incluso de tu familia? Me interesa tu opinión, escribeme en redes sociales, aparezco como @federicoreyestv