Los que saben

Mi maestro Escalante decía que el pueblo mexicano no es precisamente justo, sino justiciero. Su maestro Segovia dijo también, alguna vez, que una técnica muy socorrida de los políticos para quitarle el reflector a un problema, era darle un cariz legalista, porque cuando un tema político se vuelve técnico - jurídico, a la gente ya no le interesa. Ambos tenían buenas razones para afirmar lo dicho, pero las cosas han cambiado un poco.

De entrada, las últimas décadas han visto crecer la politización de la justicia o, como dice De Sousa, la judicialización de la política; como sea, el resultado es el mismo. Me parece que la idea justiciera, empero, está más vigente que nunca. Porque la justicia es, en el imaginario social, inmediata, material, comprensible para todo el mundo; nada que ver con la aridez y lejanía de los argumentos y fundamentos legales. Veamos las implicaciones: la presencia de estos factores ha convertido a los juzgadores en actores políticos (lo quieran o no) y es por eso que los gobernantes populistas requieren de una casta judicial especialmente leal, ideologizada. Porque resulta que ahora las sentencias judiciales son acordes con el "sentir popular" o no, da lo mismo que sean correctas, sólidas, intuitivas o incoherentes.

El reverso de la moneda no tiene tampoco héroes ni santos. Se entiende que salvo el gremio jurídico y los propios integrantes del entonces poder familiar de la federación, la propuesta de reforma judicial no encontrar gran resistencia social. El poder judicial, sobre todo a los más altos niveles, es un poder político, aunque deba cuidar el orden jurídico, y sus decisiones tienen repercusiones políticas. Si ellos mismos no cuidan la narrativa que tenga de ellos la opinión pública, entonces la construirá alguien más, y seguramente en su perjuicio, como efectivamente pasó. Según el Índice Global de Estado de Derecho 2024 del World Justice Project, México ocupa el lugar 116 de 142 países evaluados, con una calificación especialmente baja en el rubro de justicia civil y penal. Por otro lado, de acuerdo con el INEGI, más del 93% de los delitos en México no se denuncian, en gran parte porque la población percibe que hacerlo es inútil o peligroso. Esos dos datos juntos describen un sistema que falla por arriba y por abajo: los que tienen poder lo manipulan, y los que no tienen poder simplemente se alejan de él.

El propio AMLO, pero también Trump y los otros de su clase no tienen empacho en decir que todos los funcionarios, de todos los poderes, no tendrían que estar comprometidos más que con la transformación (su transformación), y lo que eso signifique en un litigio particular, sea para ampliar la prisión oficiosa, censurar periodistas, negar un amparo fiscal o condonar créditos a simpatizantes que nunca pretendían pagarse. Lo malo es que el derecho es otra cosa, porque efectivamente trasciende la ley pero no puede darse el lujo de despreciarla porque un político no la entiende o porque no le conviene. Y porque paradójicamente, quien dicta sentencias a lo bruto, termina complicando las cosas hasta para quien buscaba ayudar (sea un trabajador, un deudor, o el SAT).

La renovación iracunda y de tómbola de la casta judicial en México, ya le está pasando factura a la propia clase política, y hasta sus ricos buenos están preocupados por tener ministros que aseguran la imposibilidad de que la corte interprete la constitución y jueces que ordenan la vinculación a proceso de un difunto. Así como la salud es fácilmente comprensible para quien la tiene o carece de ella (te sientes bien o mal, y punto), la justicia también debe tener un componente tangible para la sociedad y los justiciables. Pero la disciplina médica, la que busca identificar y curar las enfermedades, esa es más complicada, esa es otra cosa. Y la disciplina jurídica, también.