Lozoya y omisión de auditoría

En este empeño, las auditorías superiores nacional y locales desempeñan un papel que brinda elementos indispensables de soporte a la legitimidad social y política de todo sistema político que se proclama constitucional y democrático. Para servir mejor a los fines de su creación, las auditorías superiores deben evolucionar hacia la plena autonomía y desplegar nuevas especialidades, para abordar con mayor frecuencia y profundidad, por ejemplo, revisiones en materias como desempeño, uso, aprovechamiento y seguridad de las Tecnologías de la Información y Comunicación; paridad y alternancia de género, así como forense.

Resulta indispensable también exigir a nuestros órganos de fiscalización superior revisar la productividad, madurez, fortaleza y resultados de la arquitectura de integridad pública de los entes de gobierno, legislativos, judiciales y autónomos y de los particulares, (personas físicas y morales), que contratan con ellos para proveerles bienes o servicios.

Para ello hay que revisar tres elementos básicos: lineamientos de ética, (códigos de ética y de conducta); administración ética (reclutamiento transparente y justo de mandos y personal administrativo o técnico, así como adquisiciones abiertas, útiles, necesarias y eficientes); y controles éticos (normas y procedimientos para constatar el compromiso de los funcionarios con la misión institucional y con la ley y sancionar desviaciones e infracciones; además, apertura para el auto diagnóstico y/o revisión de especialistas externos).

Esto ya es una realidad. El Tribunal de Cuentas holandés creó en 2010 una herramienta de auto diagnóstico en materia de integridad, denominado IntoSAINT, hoy reconocido por la organización internacional de auditorías superiores, mediante el cual midió los riesgos y vulnerabilidad de su propia arquitectura de integridad pública. Reconociendo la utilidad del IntoSAINT holandés, la Agencia Estatal de Auditoría de Hungría la aplica desde 2011 no solo a sí misma, sino a agencias y oficinas gubernamentales que voluntariamente participan en el ejercicio.

Naturalmente, la herramienta puede servir a las auditorías superiores valientes (e independientes), para fiscalizar también y desde ya, la arquitectura de integridad de todos los entes auditables bajo su jurisdicción. Si el embate contra la corrupción va en serio, como parece ser, su consolidación pasa necesariamente por un rediseño constitucional y legal de nuestros órganos fiscalizadores para dotarlos de mayor o plena autonomía y mandatarles en la norma el ejercicio de auditorías de nueva generación, como las referidas, ajustadas a nuestra nueva realidad de alta exigencia cívica y ética y de lucha cotidiana por restaurar la integridad pública.