MORENA: Escándalos y futuro electoral

Columnas lunes 11 de mayo de 2026 -

En vísperas de que el proceso electoral de 2027 comience a marcar el ritmo de la vida pública en México, es necesario observar con detenimiento los desafíos y tropiezos que la actual administración y el partido oficialista, MORENA, enfrentan en su camino hacia las urnas. Aunque la aprobación presidencial se mantiene en niveles robustos, situándose en 61.5% según diversas mediciones, la realidad política del país muestra grietas profundas que, desde la perspectiva de la ciencia política y la gestión pública, podrían representar costos electorales significativos. El ejercicio del poder conlleva un desgaste natural, pero en este ciclo se suman errores de diseño institucional, crisis de seguridad local y escándalos de presunta corrupción que ya no pueden ser ignorados bajo la narrativa de la "continuidad".

Uno de los puntos más críticos que marcarán el ánimo ciudadano hacia 2027 es la situación de seguridad y los vínculos, reales o percibidos, de figuras políticas con el crimen organizado. El caso de Sinaloa es emblemático: el gobernador Rubén Rocha Moya se vio obligado a pedir licencia tras verse envuelto en investigaciones que lo vinculan con nexos delictivos. Esta fractura no solo afecta la estabilidad de un estado clave, sino que mancha la imagen de integridad que Morena busca proyectar. A esto se suma el senador Enrique Inzunza, quien también ha sido señalado en expedientes de Washington por presuntas relaciones con el narcotráfico, decidiendo atrincherarse en su escaño para conservar el fuero. Para el votante común, la promesa de "no somos iguales" se pone a prueba cuando las autoridades estatales y federales parecen ser objeto de una presión externa inédita por parte de agencias estadounidenses, lo que genera una percepción de vulnerabilidad institucional.

En el ámbito de la justicia, la implementación de la reforma al Poder Judicial ha comenzado a mostrar resultados que muchos analistas consideran un error técnico de gran escala. La elección de jueces por voto popular, lejos de democratizar la justicia de manera inmediata, ha provocado una parálisis operativa notable. Hacia mayo de 2026, se reporta una caída del 45% en el número de casos presentados ante los tribunales en comparación con el año previo, lo que sugiere una pérdida de confianza ciudadana o una incapacidad del nuevo sistema para procesar las demandas legales.

Organizaciones internacionales como la OCDE han advertido que este modelo pone en riesgo la imparcialidad judicial y desalienta la inversión en sectores estratégicos como la energía y las pensiones, lo que eventualmente impacta en el bolsillo de los mexicanos. Un sistema de justicia que se percibe como "capturado" por intereses políticos locales o que simplemente no funciona es un terreno fértil para el descontento electoral en las elecciones intermedias.

La narrativa de austeridad y honestidad también se ha visto golpeada por escándalos de corrupción que alcanzan a figuras de alto nivel. La sanción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra Vector Casa de Bolsa, vinculada a Alfonso Romo, exjefe de gabinete, por presunto lavado de dinero para cárteles de la droga, representa un golpe simbólico durísimo. Asimismo, la implicación de políticos morenistas en tramas internacionales, como el llamado "Caso Koldo" en España, donde se investigan contratos irregulares relacionados con el Tren Maya, alimenta la percepción de que las viejas prácticas no han sido erradicadas. Desde la ciencia política, estos eventos erosionan la legitimidad moral del partido predominante, especialmente cuando se utilizan mayorías legislativas para aprobar reformas por la vía rápida sin transparencia ni debate.

En la parte económica, las presiones fiscales son una bomba de tiempo. La deuda pública ha crecido al grado de que, para finales de 2026, cada mexicano deberá en promedio 151 mil pesos por concepto de pasivos del Estado. El costo de financiar esta deuda consumirá el 4.1% del PIB, una cifra que ya supera el presupuesto destinado a sectores vitales como la salud o la educación. Para 2027, la incapacidad de mantener el gasto social sin una reforma fiscal integral podría obligar al gobierno a tomar decisiones impopulares que afecten su base de apoyo, ya que la "consolidación fiscal" ha sido postergada repetidamente.

Por otro lado, la estrategia electoral de Morena para 2027 parece basarse en una institucionalización forzada. El anuncio de haber alcanzado 11 millones de afiliados mediante una campaña masiva ha sido cuestionado por analistas como una "simulación" que revive prácticas corporativistas del pasado, donde se afilia a personas sin su consentimiento pleno o mediante sindicatos. Esta obsesión por la métrica sobre la calidad de la militancia puede generar conflictos internos irreparables. Además, el impulso de un "Plan B" electoral que busca empatar la consulta de revocación de mandato con las elecciones de 2027 es visto como un intento de la presidenta para intervenir directamente en la contienda y favorecer a sus candidatos, lo que vulnera los principios de equidad y justicia electoral que tanto se defendieron en la transición democrática de México.

Finalmente, la seguridad pública sigue siendo el gran pendiente. A pesar de que el gobierno federal reporta una disminución en los homicidios dolosos, organizaciones civiles señalan que la "violencia letal" —que incluye feminicidios y personas desaparecidas— ha aumentado un 72.6% en la última década. El repunte de las desapariciones, que crecieron un 107.5% desde 2018, es una realidad que las familias viven a diario y que no concuerda con los discursos oficiales de pacificación. Hacia 2027, el votante evaluará no solo los programas sociales, sino su capacidad de caminar seguro por la calle y de confiar en que su gobierno no está infiltrado por el crimen.

En resumen, el camino hacia 2027 no será un día de campo para el partido en el poder. La combinación de una reforma judicial inoperante, escándalos de corrupción en el círculo cercano, una crisis de seguridad que cambia de rostro pero no de intensidad, y una gestión económica al límite de sus capacidades fiscales, crea un escenario de incertidumbre. La ciencia política nos enseña que los partidos que ignoran sus errores técnicos y se confían únicamente en la popularidad de su líder suelen enfrentar sorpresas dolorosas en las urnas. La moneda está en el aire, y la capacidad de autocrítica de Sheinbaum, será lo que defina si MORENA logra consolidar su hegemonía o si el descontento acumulado le pasa una factura histórica.