En poco más de 4 meses, deberán quedar designadas 5 nuevas magistraturas en cada una de las 5 salas regionales –pertenecientes a las 5 circunscripciones- del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El artículo 99 de nuestra Constitución establece que las y los magistrados electorales federales serán nombrados mediante un proceso en el que participan la Suprema Corte de Justicia y el Senado mexicano.
En una primera etapa, la SCJN revisa la carrera profesional y los méritos de las personas aspirantes, quienes tienen que comparecer ante el alto tribunal a exponer su visión sobre la justicia electoral y algunos casos relevantes en la materia. La Corte conformará 5 ternas, alcanzando una propuesta final de 15 candidaturas que enviará al Senado de la República.
La segunda etapa de este proceso, comienza por la entrevista que realiza la comisión de justicia del Senado, para posteriormente, someter las ternas a votación del Pleno, órgano que elegirá a las 5 personas que ocuparán las magistraturas.
En la Constitución, las y los mexicanos adoptamos a la democracia como forma para gobernarnos, por ello, votamos directamente por otras personas de nuestra comunidad para que tomen las decisiones de gobierno en nuestra representación.
De esta forma, nuestra Constitución y otras leyes definen: quiénes votan, quiénes pueden ser votados, quién organiza la elección, cuáles son los pasos de esa elección, quiénes cuentan los votos y quién vigila que lo anterior se haga conforme a las reglas del juego, además de decir quién ganó.
El quehacer de las Salas Regionales es importante para la ciudadanía, porque resuelven juicios para proteger derechos fundamentales, como la posibilidad de votar, ser votado u organizarse para crear un partido político nuevo y además, vigilan que las elecciones hayan sido libres, directas y auténticas, concretamente, respecto de las que se realizan en cada entidad federativa para elegir a las autoridades locales, que son quienes tienen competencia para resolver los problemas cotidianos que afectan de manera directa a las personas.
Las consecuencias jurídicas y diferencias políticas que tiene cada elección estatal o municipal a un cargo de elección popular son resueltas por las salas regionales, por ello es que sus sentencias deben ser sólidas, para que la sociedad quede convencida de los argumentos por los cuales se resolvió de cierta manera.
Sin duda, la ciudadanía tiene derecho a saber por qué es importante la labor que realiza el TEPJF, especialmente, conocer de qué manera el trabajo de las magistradas y magistrados electorales que habrán de ser nombrados, tendrá impacto en la protección de sus derechos y en la tutela del principio democrático.
En medio la coyuntura actual y derivado de las últimas experiencias de designación, tenemos plena confianza en que tanto la SCJN como el Senado llevarán un proceso transparente y con un escrutinio fino, en el que se privilegiará la trayectoria y la integridad de quienes ocuparán los cargos.