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Más de la mitad del presupuesto para igualdad de género se destina a pensiones del Bienestar, advierten expertas
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Más del 52% del presupuesto asignado al Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, destinado a promover la igualdad de género, se concentra en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. De un total de 479 mil 248 millones de pesos, aproximadamente 252 mil millones están destinados exclusivamente a este programa, lo que deja una limitada proporción de recursos para otras iniciativas enfocadas en reducir brechas de género.
Especialistas y organizaciones civiles han señalado que esta distribución limita el verdadero impacto transformador de las políticas de igualdad. A pesar de que el Anexo 13 tiene como objetivo impulsar acciones concretas en favor de las mujeres, el diseño de muchos programas carece de perspectiva de género y de mecanismos eficaces de evaluación, seguimiento e impacto diferenciado.
El Índice Simplificado para la Igualdad Sustantiva (ISAIS), herramienta que mide qué tanto contribuyen estos programas a cerrar desigualdades, arrojó un promedio de cumplimiento de apenas 29% entre los proyectos evaluados. Aunque existen excepciones, como el programa de Apoyo a Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), que alcanzó una calificación del 76%, su asignación presupuestal es mínima en comparación con el total del Anexo.
Se estima que solo uno de cada cuatro programas incluidos en este paquete ha sido evaluado con enfoque de género y que menos del 30% de ellos ofrece apoyos específicamente dirigidos a mujeres. Esta falta de transversalidad limita el alcance de las políticas públicas en materia de igualdad sustantiva.
Expertas en política fiscal feminista han advertido que, si bien los programas sociales como la pensión para adultos mayores tienen un valor importante, no pueden sustituir las estrategias dirigidas a combatir las causas estructurales de la desigualdad de género. Por ello, han llamado a replantear la lógica de asignación de recursos públicos para garantizar una distribución más justa, con enfoque de derechos y resultados medibles.
Aunque se registró un incremento presupuestal del 9.6% en comparación con el año anterior, las cifras muestran que el aumento no ha sido aprovechado para fortalecer las políticas específicas que impactan directamente en la vida de las mujeres. La demanda de una política fiscal con enfoque de género sigue siendo una prioridad entre activistas y especialistas.
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JM/CR
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