Masacre en Salvatierra, reflejo de una fallida estrategia de seguridad

Columnas miércoles 27 de diciembre de 2023 -

Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora del STUNAM

En las primeras horas del 17 de diciembre, en la localidad de San José del Carmen, Salvatierra, Guanajuato, en una antigua Hacienda del poblado, se desató una tragedia —la enésima, donde 11 jóvenes inocentes fueron asesinados y otros 14 resultaron heridos—, que deja una cicatriz imborrable en el corazón de padres, hermanos y amigos. El hecho tuvo lugar mientras ellos disfrutaban de una celebración amenizada por un grupo musical, cuando un comando armado irrumpió violentamente; la Fiscalía halló evidencia de 195 balas disparadas. Este suceso refleja la cruda realidad de un país sumergido en una crisis de seguridad, donde prevalece la ineficaz y risible política de "abrazos, no balazos" del gobierno actual, agravada por la percepción de que se defienden más los derechos humanos de los delincuentes que los de ciudadanos ejemplares, lo cual ha exacerbado el dolor y la frustración de una sociedad asediada por la violencia y la impunidad.

Un análisis de los hechos nos permite observar que este año que está por terminar ha sido particularmente violento en esa entidad, marcada por una serie de masacres devastadoras. El pasado 13 de marzo, diez personas fueron asesinadas en un bar en Apaseo El Grande; el 16, cinco mujeres desaparecidas de Celaya fueron encontradas muertas en Juventino Rosas. El 15 de abril siete personas, incluyendo un niño, murieron en un ataque en el balneario La Palma, Cortázar; el 30, cuatro miembros de una familia, incluyendo dos niñas, fueron asesinados en su hogar en Apaseo el Grande. En junio 16, fueron acribilladas cinco personas en un campo de cultivo en Pueblo Nuevo. El 3 de diciembre cinco estudiantes fueron encontrados muertos en Celaya y en el más reciente hecho de sangre, en Salvatierra, ocurrió la tragedia que ha provocado indignación nacional.

Es innegable que México enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes. A lo largo de los últimos años, el país ha sido testigo de un aumento dramático en la violencia y el crimen organizado. Las administraciones de Calderón y Peña Nieto también enfrentaron desafíos significativos en materia de seguridad, pero la situación ha escalado durante el gobierno de López Obrador. Con más de 171 mil asesinatos registrados hasta la fecha, esta administración ha superado las cifras de sus predecesores, reflejando un incremento preocupante. Esta escalada en homicidios dolosos, junto con un aumento en otros delitos como secuestros y extorsiones, refleja un panorama sombrío. Las tácticas implementadas para contrarrestar esta ola de violencia han sido objeto de críticas severas. La Guardia Nacional, una de las piezas clave en la estrategia de seguridad del gobierno actual, ha sido señalada por su ineficacia y por desviarse de su misión principal, dedicándose en gran medida a tareas de control migratorio y otras funciones no relacionadas directamente con la lucha contra el crimen organizado. Este contexto de inseguridad no solo afecta la vida cotidiana de los mexicanos, sino que también impacta profundamente en la economía y el desarrollo social del país.

La estrategia de seguridad, "abrazos no balazos", ha generado un debate intenso sobre su eficacia. A pesar de los supuestos esfuerzos declarados por el gobierno para reducir la violencia, la realidad en geografía del país cuenta una historia diferente. Por ejemplo, el INEGI reportó un descenso significativo en las detenciones y acciones contra el narcotráfico por parte de la Guardia Nacional en 2022, lo que sugiere una disminución en la efectividad de las medidas de seguridad implementadas. Por otro lado, se ha señalado una supeditación del Ejército mexicano a la política migratoria estadounidense, desviando recursos y atención de la lucha contra el crimen organizado. Estos elementos, combinados con la reducción de decomisos y detenciones en el último año, han aumentado la preocupación sobre la dirección y el enfoque de la estrategia gubernamental.

Además, se han reportado acuerdos con el crimen organizado, donde el cártel dominante en ciertas regiones asume la responsabilidad de imponer la seguridad, con el Ejército actuando como soporte. Estas acciones han generado críticas contundentes y cuestionamientos sobre la soberanía del Estado en esta materia. Parecen no entender que esta crisis ha tenido repercusiones devastadoras en la estructura social y económica del país, y que la violencia desenfrenada y la presencia dominante del crimen organizado no sólo ha ocasionado miles de muertos, sino también han deteriorado la calidad de vida de la población. Rehúsan comprender que la constante amenaza del crimen ha creado un clima de miedo y desconfianza; también se cierran a la evidencia de que la inseguridad ha sido un obstáculo para la inversión y el desarrollo; vastas zonas del país son controladas por el crimen organizado y varias ciudades figuran entre las más peligrosas del mundo, lo cual presenta un desafío significativo para el futuro económico y social de México.

Diversos expertos y organizaciones han analizado la crisis de seguridad en México, aportando perspectivas valiosas y críticas. Los principales medios informativos han coincidido en señalar que la inseguridad en México es un problema multifacético que va más allá de la política gubernamental, e involucra complejos factores sociales y económicos. Por ejemplo, se enfatiza que la legalización de las drogas —anteriormente considerada como una solución potencial—, ahora sería insuficiente ante la diversificación de actividades criminales. Se observa también que la capacidad de fuego de los cárteles ha superado a las fuerzas de seguridad, y la corrupción en estas instituciones a menudo favorece a los propios cárteles. Además, se ha integrado el crimen organizado en ciertas comunidades, lo que complica aún más la situación, o por igual las han echado a su bolsa de pago de “derecho de piso”, con resultados como la masacre de Texcaltitlán, en el Estado de México.

Espero que tanto Xóchitl Gálvez, la abanderada del Frente Amplio por México, y la candidata gubernamental de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, estén conscientes que el incremento en la violencia y la complejidad del crimen organizado son desafíos que no pueden ser subestimados y que, ante el evidente fracaso de la política de seguridad de López Obrador, requiere atención urgente y estrategias multifacéticas donde confluyan gobierno, sociedad, expertos y organizaciones internacionales para diseñar e implementar soluciones efectivas. Es realmente imperativo que cualquier estrategia que se adopte, aborde las causas profundas de la violencia y delincuencia, sin menoscabo del fortalecimiento del Estado de derecho.

Ya basta de slogans populistas y frases ocurrentes, así como de burlas y acusaciones sin fundamento, que cotidianamente se emiten desde Palacio Nacional, para restarle importancia y minimizar el peso de los cientos de miles de muertos, de las desapariciones y los feminicidios. Como sociedad, estamos hartos e indignados por las imparables masacres como la registrada en Salvatierra y que con saña truncó la prometedora carrera, sueños y aspiraciones de una veintena de jóvenes. Sus padres, hermanos, familiares y amigos, permanecerán quién sabe cuánto tiempo con el corazón estrujado, sobrellevando una pena dolorosa, a causa de una aberrante estrategia de seguridad que consecuenta estos crímenes sin sentido y sigue abrazando a los delincuentes.

Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora del STUNAM