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Mejía Berdeja propone tipificar y sancionar el reclutamiento forzado en el Código Penal Federal
Nación
Claudia Bolaños
El diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con el objetivo de tipificar y sancionar de manera autónoma el delito de reclutamiento forzado de personas.
La propuesta, turnada a la Comisión de Justicia, busca visibilizar esta práctica mediante la creación de un capítulo específico en el Código Penal Federal. El delito se definiría como la acción de incorporar, obligar o inducir, por cualquier medio, a personas —especialmente menores de edad— a formar parte de grupos armados, organizaciones criminales o redes de trata.
La iniciativa contempla una pena de 10 a 20 años de prisión, que aumentaría en una mitad cuando las víctimas sean menores, personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, migrantes, afrodescendientes o integrantes de pueblos indígenas. También se prevén agravantes si el reclutamiento es cometido por servidores públicos, integrantes de las fuerzas armadas, personas con vínculos cercanos con la víctima o si se ejerce violencia, tortura o abuso sexual.
Además, se propone incluir el reclutamiento forzado en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para su persecución bajo mecanismos especiales, así como establecer que las víctimas obligadas a delinquir no serán penalmente responsables.
En la exposición de motivos, el legislador señala que este delito representa una grave violación a los derechos humanos y que las organizaciones criminales utilizan la coerción, el engaño o el abuso de vulnerabilidad para forzar a personas a incorporarse a sus filas. De acuerdo con datos de Reinserta y la Red por los Derechos de la Infancia en México, se estima que al menos 30 mil menores fueron reclutados en la última década por grupos delictivos en el país.
El diputado advirtió que, actualmente, la legislación penal federal carece de una figura específica que sancione este tipo de prácticas, lo que impide una respuesta efectiva del Estado ante un fenómeno que afecta gravemente a la infancia y a sectores vulnerables de la sociedad.
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RN/CR
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