México debate el futuro del INAI mientras el mundo celebra la transparencia

En un giro irónico del destino, mientras el mundo se prepara para conmemorar el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información el próximo 28 de septiembre, México se encuentra en medio de un acalorado debate sobre el futuro de su principal garante de la transparencia: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Desde 2019, cuando la Asamblea General de la UNESCO proclamó este día como el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, este día busca resaltar el papel fundamental que juega el acceso a la información en el desarrollo sostenible, la construcción de instituciones sólidas y la participación ciudadana informada.

En todo el mundo, gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos aprovechan esta fecha para promover políticas de gobierno abierto, fomentar la rendición de cuentas y fortalecer los mecanismos que garantizan el derecho a saber.

El INAI, creado en 2002 como Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) y transformado en 2015 en su forma actual, ha sido considerado durante años como un modelo de institución autónoma dedicada a garantizar el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. Su labor ha sido fundamental para destapar casos de corrupción, fomentar la rendición de cuentas y empoderar a los ciudadanos con información crucial sobre el quehacer gubernamental.

Los proponentes de la reforma argumentan que la eliminación del INAI supondría un ahorro significativo para las arcas públicas y que sus funciones podrían ser absorbidas por otras instituciones existentes. Además, señalan que en ocasiones el instituto ha sido utilizado como plataforma política, desviándose de su misión principal.

Por otro lado, los defensores del INAI y de la sociedad civil advierten que su desaparición representaría un grave retroceso en materia de transparencia y acceso a la información. Argumentan que la autonomía del instituto es crucial para su funcionamiento efectivo y que su eliminación podría conducir a una opacidad gubernamental sin precedentes en la historia reciente de México.

La posible desaparición del INAI no solo tendría repercusiones a nivel nacional, sino que también podría afectar la imagen de México en el escenario internacional. El país ha sido reconocido por sus avances en materia de transparencia y su compromiso con iniciativas globales como la Alianza para el Gobierno Abierto. La eliminación de una institución clave en este ámbito podría poner en entredicho ese liderazgo y generar preocupación entre socios internacionales y organismos multilaterales.

Ante esta situación, organizaciones de la sociedad civil, periodistas y académicos han alzado la voz para defender la permanencia del INAI. Argumentan que, lejos de debilitar las instituciones de transparencia, México debería aprovechar la coyuntura del Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información para reforzar su compromiso con estos principios.

Estas voces subrayan que el acceso a la información no es un lujo, sino un derecho fundamental que fortalece la democracia, combate la corrupción y fomenta la participación ciudadana informada. La desaparición del INAI, advierten, podría tener efectos devastadores en la capacidad de los ciudadanos para exigir cuentas a sus gobernantes y participar efectivamente en la vida pública.

El 28 de septiembre, mientras en otros países se celebren los logros en el acceso a la información, en México la fecha podría marcar un punto de inflexión. La decisión que se tome no solo afectará a las instituciones, sino que tendrá un impacto directo en la vida cotidiana de los ciudadanos y en la salud de la democracia mexicana. En este contexto, la pregunta que resuena es: ¿Elegirá México fortalecer su compromiso con la transparencia o dará un paso atrás en este derecho fundamental?

La respuesta a esta pregunta definirá no solo el futuro del INAI, sino el camino que México tomará en su relación con la información, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en los años venideros.