Tras varias semanas de especulaciones, la Cámara de Diputados, mediante un acuerdo de su Junta de Coordinación Política (JUCOPO), designó a los tres nuevos integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE). De entre más de 500 aspirantes, resultaron electos un hombre y dos mujeres, quienes ocuparán el cargo hasta el año 2035.
Blanca Cruz García, Frida Gómez Puga y Arturo Chávez López son los nuevos consejeros que, junto con los ocho consejeros restantes, tendrán la responsabilidad de organizar la elección de 2027, el proceso de revocación de mandato presidencial, en caso de solicitarse, la elección del poder judicial y la elección presidencial de 2030. En suma, serán los encargados de garantizar que la actividad electoral se rija por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
Este proceso, a diferencia de otras ocasiones, generó diversas dudas. Una de las preocupaciones centrales era que MORENA utilizara su mayoría para colocar perfiles afines, inquietud que parecía confirmarse cuando se observó que varios aspirantes tenían vínculos cercanos con el gobierno y partido, y no solo eso, sino que además, eran los perfiles mejor evaluados en cada una de las diferentes etapas. Ante los cuestionamientos, Arturo Chávez, uno de los señalados, dijo que sus resultados se debían a su compromiso y esfuerzo intelectual.
Al final, los tres perfiles seleccionados fueron elegidos por consenso, un hecho importante considerando que en 2023 se tuvo que recurrir a la insaculación para elegir a cuatro integrantes, entre ellos a la actual presidenta del Consejo. Las dos nuevas integrantes llegan al Consejo General con una trayectoria comprobada en organismos electorales, lo que garantiza que la curva de aprendizaje será menor, sin embargo, en el caso de Arturo Chávez no es así.
El nuevo consejero, aunque tiene experiencia administrativa y académica, tiene poca experiencia electoral la cual se limita -como el mismo señaló- a integrar “casillas electorales” y coordinar un monitoreo de medios desde la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. No obstante, tiene a su favor haber sido uno de los mejores promedios en todo el proceso, incluso por encima de reconocidos especialistas. El problema con su perfil es que desde el inicio del proceso de selección se le observaba como uno de los favoritos, esto por su cercanía con el partido y especialmente la presidenta, lo que ha llevado a dudar de la objetividad que mantendrá en sus decisiones.
Y mientras unos llegan a ser árbitros electorales, otros dejan su cargo para tomar nuevos aires. Luisa María Alcalde, quien fue legisladora y secretaria de Estado, y desde octubre de 2024 presidenta nacional de MORENA, deja el puesto que debía ocupar hasta octubre de 2027, porque la presidenta “la invitó” a ser Consejera Jurídica.
Este movimiento ocurre en el contexto varios rumores sobre las razones de la invitación, reacomodos internos que llevaron al partido a perfiles identificados como cercanos a la presidencia y críticas a su desempeño. Precisamente, diversas versiones de los medios aseguran que una de las razones del cambio fue la imposibilidad para evitar el nepotismo en las candidaturas rumbo a 2027, así como para lograr un acuerdo con los partidos aliados que permitiera avanzar el “Plan A” de la reforma electoral.
Y hablando de la reforma, en el Diario Oficial de la Federación, ya se publicó el “Plan B”, y ahora se debe trabajar contrarreloj porque en los transitorios de la reforma se estableció que el Congreso y las legislaturas locales tendrán hasta el 30 de mayo de 2026 para armonizar el marco jurídico. Los tiempos electorales apremian y vaya que han alterado todo el entorno político.