Ángel Yael, un joven estudiante de la Universidad de Guanajuato que, como tú o como yo, asistió a una reunión para divertirse, pero que, a diferencia de nosotros, él ya no regresó a su casa porque fue asesinado por miembros de la Guardia Nacional el pasado 27 de abril. Ángel fue asesinado por una institución que supuestamente debería cuidarnos, en quien podríamos confiar, pero no, es una institución cada vez más opaca y poco profesional en seguridad pública con enfoque civil, además, es una institución que nuestros impuestos mantienen y no con un costo menor.
Desde que en el sexenio de Felipe Calderón se inició “la guerra contra las drogas”, las Fuerzas Armadas de México han sido parte del “combate contra la delincuencia organizada”. Si bien hay algunos efectos positivos de su intervención; incontables estudios han demostrado que las fuerzas militares no han logrado su objetivo de disminuir los delitos de estas organizaciones; por el contrario, la presencia y acción de los militares está ligada al incremento de los niveles de violencia en algunos puntos del país.
A pesar de que esto se había observado desde la administración de Calderón, el gobierno de Peña Nieto no hizo cambios significativos a la cada vez más “militarizada” política de seguridad (el eliminar la Secretaría de Seguridad Pública y debilitar a la Policía Federal un ejemplo claro). El presidente López Obrador como parte de sus promesas de campaña sugirió que “regresaría al ejército a sus cuarteles”, no sólo no ha cumplido, sino que ha incrementado la presencia de fuerzas militares (especialmente el ejército) como parte de su política de seguridad pública.
En la presente administración federal, el incremento en la militarización de la seguridad pública inició de manera formal con la desaparición de la Policía Federal para dar pie a la Guardia Nacional, institución mayoritariamente conformada por miembros del ejército. Conforme han avanzado los meses, a pesar de que en la ley de la Guardia Nacional se menciona que tendría un mando civil, así como un adiestramiento con enfoque policial, esto no se ha llevado a cabo; por el contrario, cada vez es más notorio el proceso de militarización. Incluso se espera que el presidente López Obrador envíe su propuesta de reforma para añadirla de manera formal al ejército.
El fracaso de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública radica en el entrenamiento fundacional que los miembros de dicha corporación reciben. Los soldados desde el día uno, no son entrenados para estar en la calle, no son entrenados para realizar actividades policiales. Son entrenados bajo el lema de “un disparo que no mata, es un disparo fallado”. A pesar de que son casi 15 años los que el ejército ha estado en las calles, su entrenamiento es casi el mismo, porque su función no es patrullar, no son policías, son militares haciendo funciones ajenas a su entrenamiento.
Sí, fue un miembro de la Guardia Nacional quién mató a Ángel, pero su fallecimiento también fue causado por un sistema de seguridad pública militarizado que no sólo no los ha “enviado a sus cuarteles”, sino que los sigue involucrando cada día más. Sirva esta crítica no sólo al gobierno federal, también a entidades e incluso a municipios que cada vez más giran a policías militarizadas y propuestas de seguridad pública menos civil y sí más militar.
Y tal como lo dijo Don Gerardo Campos, papá de Ángel, “mis impuestos pagaron las balas que mataron a mi hijo”. Estimado lector, nuestros impuestos pagan una institución que no está preparada para ser policía, que no sabe cómo serlo y que, de seguir en las calles, tristemente habrá más Ángeles en cualquier parte del país.
En memoria y en homenaje a Ángel, de abeja a abeja.
José Luis Hernández-Ramírez, @JoseLuis_Hndz