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Mínimo vital.

Mínimo vital.

Columnas jueves 13 de agosto de 2020 - 00:46

Los negativos efectos económicos que la pandemia provoca en México colocó en la agenda política de partidos políticos y legisladoras(es), la conveniencia de situar en la Constitución el concepto de mínimo vital, especialmente, para quienes no cuentan con ingresos regulares y estables con los que puedan hacer frente a las necesidades más básicas.

Cuando se habló de llevar a la Constitución el desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales -DESC- escribí un artículo -publicado en este espacio el 5 de marzo de 2020- en el cual sostuve que no era adecuado establecer un conjunto de programas sociales determinados, porque ello sujetaría la satisfacción de los DESC a una visión política coyuntural y a necesidades existentes en un momento histórico-social. En su lugar, debieron fijarse los trazos esenciales para el diseño constitucional de esas políticas públicas y programas sociales bajo una fórmula general abierta al tiempo.

Una cuestión similar sucede ahora con el concepto de mínimo vital que quiere subirse a la Constitución, pues para lograr su funcionamiento constitucionalmente adecuado, no debe incorporase solamente como medida asistencialista y de emergencia para quienes vean afectada su economía por la pandemia que atravesamos.

Si ese es el diseño que finalmente se da a la figura, en realidad, se edificará una vía de entrega de recursos con efectos clientelares que, de ninguna manera, cumplirá con los fines que persigue la figura del mínimo vital en el constitucionalismo de la actualidad.

Pero ¿qué es el mínimo vital? En buena parte de los ordenamientos constitucionales de occidente -incluyendo el mexicano-, el Estado actual se moldea bajo ciertos presupuestos fundamentales, uno de ellos es la dignidad de la persona.

La totalidad del ordenamiento jurídico debe alinearse al respeto y protección de la dignidad humana como elemento de legitimación del ejercicio del poder público. Esta noción exige un comportamiento proactivo de las autoridades ante la falta de recursos para la satisfacción de unas condiciones de vida que ameriten su calificación como personas, derivado de la creciente desigualdad consolidada en las últimas décadas.

Distintos ordenamientos -principalmente europeos- han desarrollado el derecho al mínimo vital o satisfacción de necesidades básicas, figura que si bien, tiene la finalidad de arropar a quienes no cuentan con ingresos para subsistir en cuanto a lo básico -vestido, comida, atención médica y medicinal, techo y servicios básicos-, no está encaminada a formar padrones de personas a las que con independencia de su situación personal y profesional se les entregue recursos temporales o permanentes de manera ilimitada.

La figura persigue apoyar durante ciertos momentos y bajo ciertas condiciones a las personas que demuestren que no tienen forma de subsistir ante la ausencia de ingresos mínimos, siempre que, de igual forma, acrediten que están tomando todas las acciones para desarrollar una condición de autosuficiencia económica, como es la búsqueda de empleo o el emprendimiento de algún negocio.

En México esta figura enfrenta un gran desafío por el número importante de millones de personas en condición de pobreza y pobreza extrema, a quienes se les debe atender con un mínimo vital con independencia de los efectos económicos ocasionados por Covid-19.

Es necesario diseñar adecuadamente el ejercicio del mínimo vital, pues se trata de una prestación que debe tener alcances diferenciados, segmentados y adecuados para cada sector que los recibe, con finalidades materiales y temporales bien definidas. Pero al mismo tiempo, hay que recordar que se trata de una medida extraordinaria, porque en realidad, lo que el Estado debe generar son condiciones dignas de vida de manera autosustentable, pues ello asegura a cada persona desarrollar su plan de vida en plena libertad.

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/CR

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