Claudia Bolaños
Con el objetivo de proteger a niños, niñas y adolescentes y garantizarles un futuro libre de violencias, diputados del Grupo Parlamentario de Morena han presentado una iniciativa para tipificar el maltrato infantil como delito en el Código Penal Federal.
La propuesta, impulsada por las diputadas Mildred Concepción Ávila Vera y Adasa Saray Vázquez, junto con el diputado Luis Humberto Aldana Navarro, busca frenar las graves consecuencias que el maltrato infantil genera en las víctimas, incluyendo bajo rendimiento escolar, acceso limitado a empleos dignos y, en casos extremos, la vinculación con el crimen organizado.
La iniciativa destaca que el maltrato a menores incluye castigos corporales, métodos de disciplina humillantes y violencia psicológica ejercida por cuidadores, padres, madres y docentes, prácticas que deben sustituirse por una crianza positiva y respetuosa.
De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el maltrato infantil comprende abusos físicos, psicológicos, sexuales, negligencia y explotación que dañan el desarrollo, la salud o la dignidad de los menores. En México, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016, el 26.1% de las adolescentes de 15 a 18 años reportó haber sufrido violencia física en su niñez, mientras que un 3.4% sufrió abuso sexual.
La propuesta plantea la incorporación del artículo 343 Quinquies al Código Penal Federal, estableciendo penas de cuatro a ocho años de prisión para quienes ejerzan cualquier forma de castigo corporal, trato cruel, negligente o degradante contra menores. Además, se contempla tratamiento psicológico especializado para los responsables y agravantes cuando las víctimas sean personas con discapacidad, aumentando las penas hasta en una mitad.
El proyecto también otorga al Ministerio Público facultades para implementar medidas preventivas que protejan la integridad física y emocional de las víctimas, priorizando siempre el interés superior de la niñez.
Esta iniciativa representa un paso crucial para garantizar los derechos de la infancia en México y erradicar la violencia estructural que afecta a esta población.
Imagen: Cámara de Diputados