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@onelortiz
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En la Ciudad de México, las motocicletas eléctricas chinas han invadido las calles con una facilidad asombrosa. Se venden como bicicletas, pero tienen todas las características de un vehículo motorizado: alcanzan velocidades superiores a los 50 km/h, circulan por avenidas principales y, lo más preocupante, lo hacen sin regulación ni placas. El fenómeno ha generado una polémica, pues mientras algunos las ven como una alternativa de movilidad accesible, otros las consideran un peligro latente en la vialidad.
El atractivo de estas motos es innegable. Con precios que oscilan entre los 15 mil y 25 mil pesos y la posibilidad de comprarlas a plazos, se han convertido en una opción viable para miles de capitalinos que buscan una alternativa al transporte público ineficiente o al automóvil caro y contaminante. Son utilizadas principalmente por repartidores de plataformas, vendedores ambulantes y madres de familia que necesitan moverse rápidamente por la ciudad. Sin embargo, su proliferación ha sacado a la luz un problema evidente: operan en un limbo legal.
Tampoco existen estadísticas y datos confiables al respecto, como cuántas circulan, en cuantos accidentes han participado, entre otros datos.
Actualmente, estas motos no requieren licencia ni placas porque se comercializan como bicicletas eléctricas, lo que les permite circular sin restricciones, pero también sin responsabilidades. Se les ve en ciclovías esquivando peatones, en avenidas compitiendo con autos y en calles secundarias moviéndose sin respetar semáforos o sentidos de circulación. La anarquía es total. Esto ha provocado la irritación de conductores y peatones, que las perciben como un riesgo constante en la vialidad.
El gobierno de la Ciudad de México ha planteado regularlas, y aunque el argumento oficial es mejorar la seguridad vial, en el fondo parece haber un interés más recaudatorio que regulador. La intención de obligar a los dueños a emplacarlas y pagar derechos de circulación no resolverá el problema de fondo: la falta de educación vial y de infraestructura adecuada para este tipo de vehículos. Sin un plan integral, el resultado será solo una nueva fuente de ingresos para la administración capitalina, sin beneficios reales para la movilidad.
Lo cierto es que las motocicletas eléctricas chinas reflejan una necesidad latente en la ciudad: el acceso a transporte barato y eficiente. En lugar de satanizarlas o imponerles una regulación absurda que solo beneficie a las arcas gubernamentales, se debe plantear un esquema que garantice su uso seguro. Exigir normas mínimas de tránsito, capacitar a los conductores y adaptar la infraestructura son pasos más efectivos que simplemente cobrarles por existir.
Regulación sí, pero con sentido común. Porque el problema no es la moto eléctrica, sino el caos urbano en el que se ha insertado. Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.