Ninguna ciudad puede ser animalista mientras normalice el abandono

Columnas miércoles 14 de enero de 2026 -

La Ciudad de México vive tiempos de alta polarización. Basta revisar cualquier debate público para confirmar que casi todo divide. Sin embargo, hay momentos que rompen esa lógica. El caso del Refugio de los Franciscanitos es uno de ellos.

Más allá de la disputa jurídica sobre el predio —si se trató de un desalojo o de un despojo—, lo que ocurrió con cerca de 900 perros y gatos removidos, trasladados y confinados en jaulas en instalaciones de la alcaldía Gustavo A. Madero generó algo poco común: una condena social casi unánime. En redes sociales, activistas, ciudadanos sin militancia, rescatistas, periodistas y personas que rara vez coinciden en algo, coincidieron en esto: así no.

No fue un debate ideológico ni partidista. Fue un debate ético. Y eso dice mucho de la sociedad que somos hoy.

Durante años, el bienestar animal ha sido tratado como un tema secundario, casi ornamental, reducido a campañas temporales o a esfuerzos aislados. La carga real ha recaído, de manera desproporcionada, en la sociedad civil: rescatistas independientes, refugios comunitarios, asociaciones que sobreviven con donaciones escasas y con el desgaste físico, emocional y económico de quienes hacen lo que no se ha terminado de asumir como responsabilidad propia desde la política pública.

El caso de los Franciscanitos evidenció esa fragilidad estructural. Porque la pregunta de fondo no es solo qué pasó ese día, sino cuántos refugios más existen en condiciones similares, cuántos operan en la escasez de recursos, cuántos están al borde del colapso sin que nadie lo sepa, cuántos animales dependen exclusivamente de la buena voluntad de personas que ya no dan más.

Organizaciones como la Fundación Toby lo han advertido con claridad: los refugios están saturados, las donaciones han caído y el abandono no se detiene. Aun así, seguimos actuando como si el bienestar animal fuera un asunto opcional, cuando en realidad es un indicador directo del nivel de civilidad de una sociedad.

Hoy, además, el lenguaje importa. Llamar “callejeros” a perros y gatos que forman parte del entorno barrial es desconocer una realidad que ya cambió. Son animales comunitarios, es decir, responsabilidad de todos. Son parte del tejido social. Y como tal, su protección no puede depender únicamente del voluntarismo.

Si aceptamos que la seguridad, la educación y la salud requieren infraestructura, presupuesto y planeación, ¿por qué el bienestar animal no? No se trata solo de leyes —que ya existen—, sino de políticas públicas ejecutables: centros de resguardo dignos, protocolos claros ante conflictos legales, esquemas de apoyo a refugios, coordinación interinstitucional y presupuesto etiquetado.

El episodio de los Franciscanitos puede y debe ser un parteaguas. No desde la confrontación, sino desde la construcción. Porque cuando una ciudad tan diversa logra ponerse de acuerdo en algo tan esencial como el rechazo al maltrato animal, hay una oportunidad que no debe desaprovecharse.

En esta discusión también es imprescindible voltear hacia el sector privado, en particular a las grandes marcas de alimento que concentran prestigio, mercado y capacidad operativa, como Purina, Royal Canin, Hill’s Pet Nutrition, Pedigree, Whiskas, Eukanuba y Nupec, entre muchas más.

Su papel no puede limitarse a donaciones ocasionales de alimento. Estas empresas tienen la capacidad real de financiar y operar campañas masivas de esterilización, programas permanentes de sensibilización sobre tenencia responsable, educación comunitaria contra el abandono, apoyo veterinario a refugios saturados y alianzas estructurales con gobiernos locales para la prevención y atención.

El bienestar animal no puede seguir dependiendo del esfuerzo de unos cuantos ni de la caridad: requiere corresponsabilidad activa, inversión social sostenida y una visión de largo plazo acorde con una ciudad que aspira a llamarse animalista.

Ivonne Arriaga García

Asesora en comunicación política con enfoque en narrativa pública y gubernamental