No a la militarización de los estados

El 11 de mayo pasado, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación, en el que dotó de atribuciones extraordinarias de seguridad pública al Ejército y a la Marina, para que actúen como respaldo de la Guardia Nacional.

El acuerdo presidencial emitido faculta a las Fuerzas Armadas para apoyar las tareas de seguridad pública, de manera subordinada a la autoridad civil, y por un periodo de cinco años. El decreto estará en vigor durante el tiempo en que la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, sin que dicha participación exceda de cinco años (27 de marzo de 2024).

La semana pasada, la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad en contra del acuerdo del presidente López Obrador para disponer de las Fuerzas Armadas permanentes en tareas de seguridad pública. La controversia presentada por la legisladora fue acompañada por los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRI en la Cámara.

El acuerdo presidencial invade las facultades de los gobernadores de los estados, al permitir el despliegue de tropas dentro de su territorio, con lo que se violenta el pacto federal. Asimismo, contradice el texto constitucional respecto a la complementariedad y la subordinación de las Fuerzas Armadas para que participen en tareas de seguridad pública con las autoridades civiles.

La Constitución establece que las Fuerzas Armadas llevarán a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, por lo que el acuerdo presidencial contraviene en lo acordado por los Congresos de los estados y el Congreso de la Unión.

Consideramos que existen razones fundadas para solicitar a la Corte que revise la constitucionalidad del acuerdo presidencial, debido a que este se aleja de los parámetros que establece la Constitución para el despliegue de las Fuerza Armadas permanentes en tareas de seguridad pública, dejando al Ejército y la Marina sin un marco jurídico claro que le dé certidumbre a su actuación.

Tampoco contempla reglamentación que establezca los límites de actuación en los estados para el Ejército y para la Marina, ni tampoco se establecen los casos en los que éstos intervendrán, y cómo será su actuación, con lo que se violan los derechos de los ciudadanos, a los que se deja en un estado de vulnerabilidad frente a estas nuevas superpolicías. Tenemos un grave problema de seguridad, pero creemos que la militarización no es la respuesta.