La Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer un importante avance en la investigación del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, un trágico episodio que ha conmovido a México y que ha sido calificado como un "crimen de Estado". Según la información proporcionada por la dependencia federal, la utilización de 116 números telefónicos se ha convertido en una pieza clave para ubicar a los sicarios involucrados en este caso que sigue sin resolverse desde hace casi nueve años.
Mediante un comunicado oficial, la Segob detalló que se realizó un minucioso análisis de 87 millones de registros telefónicos activos correspondientes a la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Gracias a este exhaustivo trabajo, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el "Caso Ayotzinapa" logró identificar alrededor de 84 mil registros considerados esenciales. Estos registros permitieron geolocalizar 116 números telefónicos activos, proporcionando valiosa información sobre los grupos de sicarios involucrados en la desaparición de los estudiantes.
“En este intercambio de información se observa con claridad cómo se fue tejiendo la red de complicidad y operación entre el grupo delictivo Guerreros Unidos y las distintas autoridades para perseguir, violentar, detener y desaparecer a los 43 estudiantes”, indicó la Segob.
Uno de los hallazgos más significativos de este análisis es la revelación de que los estudiantes desaparecidos fueron separados en seis grupos distintos después de salir de una terminal de autobuses en Iguala, Guerrero. Estos resultados cuestionan la "verdad histórica" presentada en su momento por el entonces procurador Jesús Murillo Karam, quien afirmó que los estudiantes habían sido entregados al grupo criminal "Guerreros Unidos" y posteriormente quemados en un basurero de Cocula.
La Segob también destacó la comunicación y la participación de las policías municipales de Cocula, Iguala, Tepecoacuilco y Huitzuco con el grupo conocido como "Los Bélicos", que formaba parte de la policía local de Iguala.
Estos avances en la investigación arrojan luz sobre un caso que ha conmocionado a México y al mundo. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró el año pasado que la desaparición de los 43 estudiantes fue un "crimen de Estado", involucrando a autoridades de diversos niveles, incluso miembros de las Fuerzas Armadas. A pesar de estos esfuerzos, persisten desafíos en la cooperación, como lo señaló el GIEI en su último informe, resaltando la necesidad de una mayor transparencia y colaboración en la búsqueda de la verdad y la justicia.