POLÍTICA PÚBLICA: DE LA TRANSVERSALIDAD A LA INTERSECCIONALIDAD

Hace un par de días conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, en la esfera pública se colocaron temas de primera importancia para la agenda nacional como el feminicidio y el aumento de la violencia doméstica, que crecieron 13.2% y 60% respectivamente, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Estas cifras nos acercan a una verdad preocupante y es que visibilizar las diferentes violencias que se ejercen sobre la mujer es un problema que va más allá de los estereotipos, sobre todos de aquellos impuestos desde el ejercicio del poder a la hora de diseñar y establecer políticas públicas con visión de género.

Debemos reconocer que algunos gobiernos estatales, como el de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, han impulsado el diseño y la implementación de políticas públicas encaminadas a un trato más equitativo entre hombres y mujeres, sin embargo, hay que señalar también que estas políticas tienen dos grandes limitantes; la transversalidad y la simplificación de las necesidades de la mujer a un tema exclusivamente de género.

Los intentos por implementar políticas progresistas como la despenalización del aborto o el matrimonio igualitario, dejan ver que las instituciones públicas no tienen los instrumentos para dar respuesta a la complejidad de las problemáticas que cruzan diversos aspectos como la raza, la posición social, la escolaridad, entre otras, que impiden el acceso igualitario a las bondades legislativas.

La política pública transversal se convierte en una legislación operativamente discriminatoria en tanto que no complejiza la interseccionalidad humana y, en cambio, homogeniza las desigualdades, de esta forma los grupos de mujeres multirraciales, diversamente sexuales, poco escolarizadas y en situación de pobreza, quedan en desventaja sobre los grupos de mujeres blancas, heterosexuales, altamente alfabetizadas y de clase media o alta, acentuando, paradójicamente, las diferencias que de origen se pretenden combatir.

Los gobiernos deben incrementar sus esfuerzos para construir respuestas más adecuadas a las necesidades de las personas desde su interseccionalidad, aunque esto sea disonante con la idea tradicional de la masificación homogénea sobre la cual descansa la democracia, sin embargo, ello garantizaría la creación de políticas públicas operativamente efectivas, que cierre la brecha de desigualdad entre las distintas mujeres y garantizaría que la aplicación presupuestaria sea más eficiente.

Se debe apostar por un cambio epistemológico para la creación de políticas públicas con enfoque de género y no caer en la tentación de politizar las cuestiones de género minorizados, de lo contrario los índices de feminicidios, de violencia doméstica, de esclavitud sexual y de las diversas manifestaciones de violencia contra la mujer seguirán aumentando.

El reto es trascender el gobierno inclusivo al gobierno del reconocimiento de las diferencias.