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Columnas jueves 30 de mayo de 2024 -

Los medios norteamericanos están tratando de fijar la agenda prioritaria del próximo gobierno, porque además del fiasco de los abrazos y la ocupación militar transitoria del país, que no ha mitigado la violencia, lo que más le preocupa a EU es la posición de AMLO sobre la colaboración bilateral en la estrategia de seguridad: básicamente la ha interrumpido. Pero hay temas más interesantes que también dejan ver las notas.

Además, a pocos días de las elecciones en México, los actores relevantes han iniciado lo que podemos denominar “la emancipación típica” del presidente en turno. No es que antes hubiese una subordinación plena de todos al mandatario en funciones, pero suele guardarse una deferencia y respetarse algunos límites, que ya no existen cuando estamos a días de tener una nueva presidenta electa. Esto requiere ciertas explicaciones:

México nunca ha sido un país de instituciones en el sentido tradicional. Las instituciones han sido fundamentales en México, pero no para sustituir la autoridad de las personas, sino para legitimarla. El caudillismo y el personalismo (a menor escala) han sido esenciales para generar la obediencia, poca o mucha, que los mexicanos tienen hacia las leyes, hacia las órdenes, hacia las prohibiciones, sobre todo.

La proliferación de instituciones autónomas, los candados al ejercicio de la política (a la que se equipara con corrupción, sin más), la obsesión por crear un servicio civil de carrera que no fue, y la legislación electoral que cambia cada 3 años, ocurrió cuando la autoridad del presidente y del régimen personificado por él (el de la revolución) cayó en desgracia. Al no confiar en los gobernantes, como personas, se pretendió trasladar esa confianza a los mecanismos impersonales de los países anglosajones: las instituciones, el derecho, el mercado. No funcionó.

Lo que vemos hoy es algo similar, no igual, a lo que sucedía en las sucesiones presidenciales hasta 1994. El presidente hoy es mucho más poderoso que lo que fue de 2000 a 2018. Pero la razón no es el carisma que pueda tener, o el índice de aprobación, que no sirve aisladamente para calibrar el verdadero margen de maniobra del gobierno. Es más sencilla: desde 1996, el partido en el gobierno no contaba con una mayoría suficiente en el congreso para aprobar reformas legales sin negociarlas con partidos opositores. Ahora la tiene, y es probable que la tenga el próximo sexenio.

Es cierto que no tiene la mayoría calificada, necesaria para modificar la constitución, pero quienquiera que tenga oficio político, sabe que no la necesita más que para hacer cosas innegociables. Quizás por eso el propio presidente se esperó a perder la mayoría calificada, es decir, a las elecciones de 2021, para proponer las reformas más escandalosas. Los primeros 3 años fue bastante tímido para modificar la Constitución, porque a lo mejor no se trataba de eso.

La próxima presidenta, si es CS, tendrá esa mayoría suficiente para hacer más, si quiere. Esto no es necesariamente así, pues Zedillo demostró que puede gobernarse con mayoría, pero como si no se tuviera, y para que las cosas se hagan y no sólo se digan, hay que tener un aparato suficientemente grande para que cumpla sus instrucciones, es decir, reconstruir la burocracia que ha sido desmantelada por una incomprensión de la administración pública que nos llevó a una codería infantil, de avaro de cuento.

Pero los ataques de los medios y las acciones envalentonadas de actores insignificantes (como los morenistas que se pasaron con el PAN en alguna entidad) es la emancipación natural de quien reconoce que ya se va uno y llega la otra, y esa transición es real, no simulada. Este último punto es el que más trabajo nos cuesta asimilar, porque lo más frecuente es la narrativa simplista, justificada por el personalismo del que hablamos.

La nueva presidenta va a tener que actuar por sí misma, no porque quiera traicionar a su antecesor, o a quien sea, o porque tenga planeada una ruptura de grupo; si además hay algo de esto, es irrelevante. La autonomía relativa del presidente de la República ocurre porque el ejercicio del poder en México no permite otra cosa. Es un tema de la cantidad de decisiones que deben tomarse cotidianamente, de actores políticos y económicos que exigen el arbitrio presidencial para evitar conflictos o para resolverlos, de desafíos abiertos que se presentan todos los días a todas las escalas (los pasillos de una secretaría, un palacio municipal alejado, las oficinas de un corporativo donde se deja esperando al funcionario del SAT 3 horas sin que nadie lo reciba). Es, en fin, un tema de supervivencia, no de deslealtad.


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