Ser una ciudadanía activa implica vincularse en los asuntos públicos, independientemente que tengas una afectación directa; sin embargo, nuestras preocupaciones cotidianas regularmente nos impiden pensar en algo más o imaginar que grandes cambios requieren muchos pequeños pasos.
Construir empatía al dolor ajeno desde la neutralidad de los números es misión imposible. Miles de personas desaparecidas o asesinadas poco nos dice, salvo cuando los familiares afectados nos narran sus historias de dolor, se viralizan en las redes y son retomadas por los medios. El otro camino es bloquear caminos para exigir justicia. Si esa capacidad de movilización no existe, la víctima es un número más en las estadísticas oficiales.
Esto pasa, entre otras causas, porque regularmente las personas que integran nuestras instituciones de seguridad y procuración de justicia trabajan en la precariedad, con capacitación limitada, con insumos inadecuados, insuficientes, o en entornos laborales de acoso y violencia. Por ello la sociedad espera poco o nada de ellos, porque la impunidad casi total justifica esta aseveración. Pero decir que nada puede hacerse, que nada puede cambiar significaría una capitulación a imaginar un mejor futuro. Y eso no podemos permitirnos.
Probablemente el agobio mediático de nuestra violencia cotidiana nos haga refractarios a siquiera pensar en alguna mejora, pero muchas veces el primer reto para resolver un problema consiste en su planteamiento: queremos resolver los problemas públicos de inseguridad con más patrullas o más prisión. Pero lo que pocas veces se hace al cambiar alguna política es construir regresiones: es decir, cuántas acciones y omisiones permitieron el hecho que se desea cambiar.
Por ejemplo, no es noticia el asesinato cotidiano de un policía o militar. Ocasionalmente, cuando el hecho implica la muerte de al menos tres elementos, o el medio para asesinarlos es atípico (por ejemplo, coches bomba), la nota pueda ocupar alguna primer plana, pero desconocemos si estas desapariciones o ejecuciones generan en sus corporaciones revisiones exhaustivas que identifiquen toda las acciones y omisiones que permitieron dicho hechos.
Asimismo, omisiones administrativas incentivan violencia y crímenes en las instituciones de seguridad y justicia. Por ejemplo, ¿qué justifica la ausencia de protocolos contra el acoso laboral y sexual, que pueden escalar hasta homicidios o “suicidios”? Es imposible imaginar una justificación, pero sí es posible predecir que existen funcionarios que viven muy cómodos administrando instituciones violentas y opaces. Si ésta es la vida cotidiana del personal de las corporaciones policiales, militares y fiscalías, ¿cómo esperamos que no sean violentos y autoritarios con la ciudadanía?
Por esto son tan importantes las denuncias de abuso que sufren el personal policial y militar en sus corporaciones, porque ni las personas ni las instituciones pueden ofrecer algo que no tienen ni viven. De entre el universo de las miles de personas desaparecidas y asesinadas, existen muchas historias de policías, militares y fiscales, que hoy habrían desayunado con sus familias, de haberse hecho pequeños y progresivos cambios institucionales. Paso a paso.