El anuncio de la reforma constitucional al sistema de pensiones en México, cayó como un balde de agua fría para unos, y como un bálsamo reconfortante para otros. Además, el presidente demuestra, una vez más, que el debate en el espacio público mexicano está relativamente bajo su control.
Y resalto que es el presidente, y no el gobierno, porque parte de su utilería para que la manufactura de la inicativa (sin duda producto de meses de trabajo) quedara bajo el radar, fue permitir que sus simpatizantes más radicales amenazaran con sabotear los procesos que, en ese momento, parecían los de mayor importancia en la vida nacional, como la selección de consejeros del INE.
De cualquier forma, los temas estructurales le causan tanta pereza a nuestros expertos de ocasión que sin ninguna ayuda ahí andaban obsesionados conversando sobre la autenticidad de la anemia de Emilio Lozoya. Contrariamente a estos teatros de coyuntura, que en un año serán sólo pasado (ni siquiera historia), el tema de la reparación a largo plazo de la seguridad social, sí es un tema sustantivo y, pese a lo que se diga, inaplazable.
Tenemos un problema financiero, derivado de la precariedad fiscal y del hecho de que las personas cada vez viven más (y qué bueno). A eso se suma que cada vez hay más personas en la informalidad, o en esquemas de fraude a la ley que les impiden crear antigüedad en sus trabajos.
Por si fuera poco, algunas de las generaciones más jóvenes ni siquiera buscan un empleo formal o estable, porque les quita oportunidades para perderse en sus paraísos de instagram cada verano. Creen que no van a envejecer.
La reforma propuesta, si lo que se expuso es verdad, y no hay letra pequeña, implicará un aumento de 40% real en la pensión para los trabajadores, y una disminución de 25 a 15 años de cotización, sin que esto implique mayores aportaciones de su parte, pues todo el peso recaerá en el gobierno (que hará un ajuste, lo que sea que signifique) y en los patrones, que sí aumentarán en más del 100% real sus aportaciones.
La finalidad de la reforma parece irrebatible: abordar uno de los problemas que serán (junto con la crisis energética), la causa del derrumbamiento de la economía de todos los países en el futuro.
Lo que toca ahora es hacernos las preguntas inevitables sobre la viabilidad presupuestal y fiscal de la propuesta, puesto que parecía un callejón sin salida, y esa era la razón de que ningún gobierno se hubiera atrevido a abordar antes el problema.
El régimen transitorio deberá tomar en cuenta que si un año es malo para ponerle más responsabilidad sobre los hombros a la iniciativa privada, es este, en el que se vive la peor depresión económica de los últimos 100 años. Pero como sucede con las rupturas sentimentales, no hay un buen momento para sacar ciertos temas. Simplemente hay que sacarlos.