Percepción ciudadana e impunidad

Un fenómeno social que afecta a todos es la seguridad pública y el garantizarla —responsabilidad primigenia del Estado— para mantener estándares aceptables de paz y tranquilidad requiere de políticas públicas que contengan la violencia, prevengan el delito y castiguen el quebranto de las leyes. Sin embargo, la terca realidad se aleja del deber ser y dificulta cada vez más una gobernanza que posibilite la convivencia colectiva armónica.

La violencia es consustancial al ser humano y lo hace proclive a la comisión de los ilícitos. El pasaje bíblico de Caín y Abel nos refiere lo antiguo que es en la civilización la violencia, el deseo de poseer lo ajeno y el homicidio. Por ello, el pacto social posibilitó que el hombre no recurriera a la justicia por propia mano, renunciara al libre albedrío y aceptara el uso legítimo de la fuerza como monopolio del Estado.

Las sociedades modernas cuentan con un compendio de leyes que marcan los límites ciudadanos, a cambio de que el gobierno garantice la integridad física y patrimonial de las personas. Para medir la eficacia de los cuerpos policiales y de la procuración de justicia se recurrió a las estadísticas, que reflejan la incidencia delictiva y el grado de impunidad.

Desde hace décadas se agudizó el problema de la inseguridad, medible gracias al trabajo del Inegi, con el que se conoce la labor gubernamental y la cifra negra —número de delitos que no se denuncian—, con lo que podemos saber de la percepción ciudadana, esto es, qué tan segura y cuánto confía la gente en sus autoridades.

Lamentablemente, los últimos registros no favorecen los resultados de las políticas públicas para contener el crimen y su estela de muerte y violencia, lo que ha provocado una alta impunidad, es decir, no se detiene ni castiga a los delincuentes, por eso la gente no denuncia y ello abona a una grave percepción de inseguridad.

La más reciente Encuesta Nacional de Victimización y percepción de Seguridad Pública 2020 del Inegi —que mide la incidencia delictiva de 2019— estima que 22.3 millones de mexicanos mayores de edad fueron víctimas del hampa, el 29.2 por ciento de los hogares en el país contó con una o más víctimas del delito y 92.4 por ciento de los ilícitos no fueron denunciados o las autoridades no abrieron una carpeta de investigación. La probabilidad de que alguien sea castigado es del siete por ciento.

Si bien en algunos rubros como el robo, la extorsión y el secuestro hubo una baja considerable, la realidad es que la gente se siente cada más insegura y temerosa.

La tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes es de 33.6, y el costo total de la inseguridad en los hogares fue de 282.1 mil millones de pesos, es decir, 1.53 por ciento del Producto Interno Bruto, lo que equivale a una afectación de casi 7 mil pesos por persona por delito. La gente no denuncia porque piensa es una pérdida de tiempo y por desconfianza en la autoridad. La percepción de inseguridad en la población mayor de 18 años es del 78.6 por ciento.

La encuesta del Inegi revela que en 2019 se cometieron 30.3 millones de delitos, donde destacan las agresiones sexuales contra las mujeres. En cuanto a la confianza en las autoridades, los mejor ranqueados son la Marina y el Ejército, mientras que los de peor desempeño son policías, Ministerios Públicos y jueces.

La gente consideró en 2019 la inseguridad como el principal problema nacional, por encima del desempleo, la salud o la pobreza.

Frente a ese panorama, tendrán que cambiar las políticas públicas en el combate al crimen si quieren mejorar los márgenes de seguridad pública y revertir la percepción ciudadana.