Como es sabido, el sistema electoral mexicano es mixto con preponderante mayoritario, compuesto por 300 diputaciones de mayoría relativa y 200 “pluris”. Este diseño no busca una proporcionalidad pura, sino que admite distorsiones dentro de los límites permitidos por la Constitución.
“Entre la Constitución y la campaña mediática” es una obra colectiva coordinada por Felipe de la Mata y Alejandra Tello que estudia una sentencia de la Sala Superior del Tribunal electoral federal, sobre la asignación de las diputaciones “pluris” en 2024.
Ese año, el INE aplicó el procedimiento técnico legal: calculó la votación válida emitida y verificó que los partidos superaran el umbral del 3% para tener derecho a la asignación.
La controversia central radicó en la interpretación de los límites de sobrerrepresentación, que prohíbe que un partido exceda en 8 puntos su porcentaje de votación nacional emitida.
Diversos actores académicos y políticos exigieron que este límite se aplicara por coalición y no por partido político, argumentando que la mayoría calificada obtenida por Morena y sus aliados ponía en riesgo el orden democrático. Sin embargo, la obra señala que ni la Constitución ni la Ley Electoral (LGIPE) mencionan a las coaliciones como sujetos de estos límites, refiriéndose exclusivamente a los partidos políticos.
En su sentencia, el tribunal determinó que la verificación debe realizarse por partido, basándose en una interpretación literal, histórica y sistemática. Argumentó que esta ha sido la práctica constante de las autoridades electorales desde 2009, aplicada sin variaciones en cinco procesos federales previos.
Un punto relevante fue el uso de la afiliación efectiva, concepto original del INE, como mecanismo contra fraudes a la ley donde partidos mayoritarios "prestan" candidaturas a sus aliados. Gracias a este criterio, el INE reasignó 21 triunfos de mayoría relativa a Morena que originalmente estaban registrados bajo el PVEM o el PT, asegurando que el cálculo de la sobrerrepresentación reflejara la militancia real.
La obra también analiza la narrativa de una campaña mediática de desinformación que buscó presionar a las y los magistrados para ignorar los precedentes judiciales. Las y los autores critican la postura de ciertos intelectuales que apelaron al "espíritu" de la reforma de 1996 para forzar una interpretación contraria al texto vigente, señalando que las y los jueces no deben resolver basándose en cálculos políticos o pronósticos legislativos futuros.
Finalmente, las y los colaboradoras concluyen que el sistema electoral, aunque imperfecto, cumplió con las reglas pactadas por las fuerzas políticas y sugieren que cualquier inconformidad con las distorsiones actuales debe resolverse mediante una reforma legislativa y no a través de mutaciones constitucionales por la vía jurisdiccional. La sentencia mencionada se presenta como una decisión jurídicamente correcta que privilegió la legalidad sobre la coyuntura política.
Por pura ecuanimidad académica, deberíamos leer también este libro (que incluye la sentencia) y no solo el de Jurídicas.
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