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Columnas
Si prospera en México la idea de que los jueces sean electos directamente por la ciudadanía, será el fin del régimen híbrido que somos (democracia con tintes autoritarios) para volver a ser el país autoritario que fuimos casi todo el siglo XX.
La administración actual está cometiendo el mismo error de hace treinta años: tener un régimen liberal en lo económico, pero con un férreo control político. Recordemos lo que nos pasó en 1995 y los años que perdimos en lo económico y lo social en el camino. No se puede ser liberal en una cosa y conservador en lo otro. Si creemos en la libertad de los mercados, también debemos creer en la libertad individual y colectiva, porque no hay mejor manera de resolver controversias, tanto en asuntos públicos (construcción o no de una obra), como entre privados (controversia de arrendamiento, pensión alimenticia), que tener a un terceroimparcial que resuelva el conflicto con leyes y contratos elaborados con anterioridad. Y esos terceros son juecesimparciales que no le deban su cargo al presidente o gobernador en turno.
Recordemos que el TMEC fue aprobado por la actual administración y ratificado por el poder legislativo vigente, porque se entendió que sin dicho tratado comercial, simplemente nuestra economía habría hecho implosión, con la consecuente pérdida de millones de trabajos y miles de millones en impuestos que se habrían dejado de cobrar, indispensables para las becas para niños y adultos mayores.
Entonces, si se apoyó una medida liberal por excelencia, ¿qué se busca al tener jueces electos directamente por la población? Se busca tener un control político total, y a eso no se le puede llamar Democracia. ¿Por qué? Porque ya no habría jueces imparciales que resuelvan controversias, sino que tendremos diputados con togas que resolverán los asuntos conforme les indiquen desde las oficinas de presidencia o de las gubernaturas. Así podrán expropiar tu casa o reducir tu pensión, si un presidente o gobernadorconsidera que hay un bien superior (el bien común, la transformación nacional), pero sin que medie indemnizaciónjusta. Sería, en palabras de José Alfredo Jiménez: mi palabraes la ley, pero no la tuya, sino la del presidente o gobernador.
¿Es mucho dinero quince mil millones de pesos en los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación? La mayoría de ese dinero son derechos laborales adquiridos por sus trabajadores. Comparativamente, el ejército mexicanomaneja 10 veces más recursos y les crearon nuevos fideicomisos para 2024. Insisto, el problema no es el dinero, sino quién controla el dinero y quién detenta el poder.
No olvidemos que el poder judicial, los jueces, no influyen ni sobre las armas, que sí controlan el presidente o gobernadores, ni sobre el presupuesto público, que aprueba el legislativo y ejercer la mayoría el ejecutivo. Y esto no lo digo yo, lo dijo hace 236 años Alexander Hamilton, cuyas ideas sobre los contrapesos entre los poderes públicos siguen vigentes.